En el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, diversas organizaciones de la sociedad civil, especialistas de la UNAM, y funcionarios del Distrito Federal se reunieron, bajo el lema Las mujeres deciden, la sociedad respeta y el Estado garantiza, para debatir acerca de la situación del aborto.
Las más de cien personas que se reunieron en las instalaciones del Claustro de Sor Juana para reforzar la campaña El aborto por violación es legal se encargaron de ir haciendo las preguntas a los 10 integrantes que se concentraron en dos mesas de trabajo para apuntalar el análisis de los diversos temas examinados.
Al presentar las conclusiones, se recalcó que existía una marcada necesidad, por parte de las y los participantes, de que se conozcan las leyes en torno al aborto en el DF, donde la legislación está más avanzada; que estos temas formen partes de las currículas y de programas educativos; que se lleven a cabo campañas de educación sexual, y que circule mas información acerca de las instituciones del gobierno que trabajan con estos temas.
La interrupción del embarazo debe abordarse como un problema de salud pública que involucra los derechos humanos, sexuales y reproductivos de las mujeres, afirmó la Red contra la Violencia hacia las Mujeres y Hombres Jóvenes, organización convocante junto con Católicas por el Derecho a Decidir, el Grupo de Información en reproducción Elegida (GIRE), Equidad y Género, la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) del DF.
En su oportunidad, las participantes en el primer panel del foro hicieron énfasis en la necesidad de generar políticas públicas que permitan a las mujeres tomar una decisión tan personal con toda la seguridad que pueda brindar el Estado, y que es necesario reconocer al aborto como un problema de justicia social, ya que sólo un número reducido de mujeres que deciden interrumpir el embarazo cuenta con recursos para hacerlo en óptimas condiciones médicas. Por este motivo se lanzó la campaña El aborto por violación es legal.
Rocío Corral, integrante de la Red, afirmó que «las menores afronta a una sociedad machista, discriminación, falta de información y, en ocasiones presiones familiares, ya que al ser menores de edad y enfrentarse a un embrazo por violación, son obligadas por su familia a continuar con el embarazo debido a que no tienen la capacidad jurídica para decidir si quieren tener o el producto».
A su vez, la maestra María Consuelo Mejía, directora de Católicas por el Derecho a Decidir, señaló que en la encuesta realizada en el 2003 por la organización que representa, «65 por ciento de las y los encuestados informaron no saber que el aborto es legal en el DF», lo cual da una idea de la desinformación generalizada acerca del tema.
Por su parte, Mariana Winocurt, coordinadora de Comunicación Social del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), informó que en el DF ha habido avances con relación al aborto, ya que en 2005 se han realizado hasta esta fecha 15 interrupciones de embarazos legales, cifra tres veces mayor que las de años anteriores.
Asimismo, expuso que «recibimos muchas llamadas de mujeres que no sólo quieren interrumpir un embrazo producto de una violación, sino porque quieren que las acerquemos a terapeutas porque fueron violadas en el pasado o para preguntar sobre métodos anticonceptivos. También hemos recibido llamadas de personas jóvenes preguntando cómo funciona la anticoncepción de emergencia».
Luz Rosales, representante del Instituto de las Mujeres del DF, afirmó que este organismo ha participado activamente en la campaña Aborto por violación es legal con el fin de promover el conocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la igualdad jurídica, y para fomentar las condiciones para que se desarrolle un ejercicio pleno de los mismos.
Dijo, además, que para que se consolide una vida social democrática es necesario que todas las mujeres tengan el control de sus cuerpos, que sus decisiones sean garantizadas por un Estado laico, y que se respete su capacidad de decidir autónomamente sobre su reproducción.
La licenciada Bárbara Yllán, subprocuradora de Atención a Víctimas de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), expresó: la ley es una herramienta, de nosotras depende usarla o no usarla». Y agregó: «las mujeres victimas de una violación pueden llamar al 5 20 09 00. Es una línea que funciona las 24 horas del día, en la cual pueden obtener información precisa de todos los procedimientos legales que tienen que seguir en estos casos».
Durante el segundo panel interactivo, Alicia Pérez Duarte afirmó que los derechos sexuales y reproductivos son un concepto en construcción y, que no hay ningún instrumento internacional vinculante que los reconozca y por el cual los estados están obligados a defenderlos. Jurídicamente, el reto es traducir el concepto de derechos sexuales y reproductivos, que es una declaración política, en un concepto de justicia.
Por su parte, Jorge Martínez, catedrático de la UNAM, indicio que si bien no se puede hablar de cifras concretas entre los jóvenes universitarios, se puede afirmar que en la franja de jóvenes de 15 a 17 años mayoritariamente desconocen sus derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, afirmó que todavía en la universidad hay obstáculos para introducir el tema de equidad de género porque existe mucho personal con ideas conservadoras.
María Eugenia Romero, directora de Equidad de Género, dijo que era necesaria la participación activa de la ciudadanía y una gran reflexión sobre el derecho a decidir, «porque si las leyes no están es porque no hay conciencias progresistas. Obligar a las mujeres a tener un hijo contraviene los derechos humanos», sostuvo.
05/GT/YT
