Al celebrarse este miércoles el quinto informe de gobierno, 17 grupos de la sociedad civil efectuaron un acto simultáneo al discurso oficial a fin de denunciar la política de oídos sordos que ha caracterizado a la primera administración panista en el estado; particularmente en asuntos que tienen que ver con las clases más desprotegidas.
Cecilia Saviñón, integrante del Movimiento Abrazo, que trabaja en la prevención y atención de personas con vih/sida, denunció la falta de voluntad del gobierno de Fernando Canales para atender a la población afectada, así como su nula intervención para enfrentar el desabasto de medicamentos para combatir esa situación, que afecta a dos mil 500 personas en Nuevo León.
En su intervención titulada Los cinco pecados políticos de Canales en derechos sexuales y vih/sida, Saviñón dejó claro que en Nuevo León sólo los ricos tienen la posibilidad de sobrevivir a un diagnóstico de esta naturaleza.
«Cualquier gobierno responsable debe llevar a buen término políticas que establezcan un control sobre el abasto en el sistema público de salud. No es el caso del de Fernando Canales, que todo lo resuelve con clientelismo hacia las ONG, con corte caritativo o espectáculos mediáticos como la llamada Línea Directa. Éste ha sido un sexenio de pobres avances y graves retrocesos en derechos humanos y atención de la salud sexual y al vih/sida».
Por su parte Mariaurora Mota, directora de Género, Ética y Salud Sexual, AC, acusó de discriminatoria a la administración canalista –particularmente con la comunidad gay y las mujeres– ya que a los primeros los persiguen con frecuencia y los encarcelan sin motivo, mientras que las segundas no vislumbran los cambios que se les prometieron para tener igualdad de oportunidades.
Lo anterior se hace evidente porque a la fecha ha faltado voluntad política para crear el Instituto Estatal de las Mujeres, demanda de diversas asociaciones, añadió.
También, la disminución del presupuesto a las áreas de educación, ecología y vivienda fueron otros de los aspectos que señalaron las organizaciones, así como la impartición selectiva de la justicia, según el nivel económico de la población.
Mientras las organizaciones civiles hacían su evaluación en la explanada frente al palacio del ejecutivo, en el mismo lugar Canales Clariond rendía su informe; para ello colocó una pantalla gigante y movilizó a 500 mujeres de 150 colonias populares de la zona metropolitana y otros municipios de la entidad para que participaran en un festival gastronómico que organizó.
Las mujeres que festejaban al gobernador afirmaron que fueron invitadas por la Coordinación de las Juntas de Colonos para que elaboraran diferentes platillos y los ofrecieran a la gente que acudiera a escuchar el informe.
Con una temperatura de 40 grados, las mujeres y sus hijos e hijas fueron trasladadas de sus casas al palacio de gobierno y luego de regreso, en camiones urbanos junto con sus cazuelas de comida que consumieron ellas mismas y el mismo contingente de organizaciones civiles que se concentró a evaluar los cinco años de gobierno estatal.
«Sí, tenemos carencias, pero ahora nos invitaron a festejar, y pues vinimos. Nosotros preparamos la comida y la vamos dar gratis a la gente que se acerque», dijo Alma Luisa de la colonia Pueblo Nuevo, uno de los concentrados urbanos más grandes de la entidad y con enormes necesidades de servicios públicos.
Utilizadas, de distinto modo, pero al fin utilizadas las mujeres, como en antaño lo hicieran las administraciones priistas.
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