En el caso de Lydia Cacho «no está a discusión la legalidad de grabar las llamadas telefónicas, sino la complicidad del poder y el dinero para violar las garantías consagradas en la Constitución, como la libertad de expresión», expresaron hoy las legisladoras Beatriz Mojica, del PRD, y la panista Myriam Arabián.
Estas fueron algunas de las reacciones en torno a la revelación realizada este día por el diario La Jornada acerca de las conversaciones entre el gobernador de Puebla, Mario Marín, y el empresario textil Kamel Nacif Borge, para lograr la detención de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Al respecto, la Fiscal Especial de Delitos de Género en México, Alicia Pérez Duarte, dijo que de resultar cierta esta información significa un hecho muy preocupante en materia de impartición de justicia no sólo en Puebla y México, sino en todo el mundo
Entrevistada para Cimacnoticias, informó que ya solicitó al medio las cintas en las que se encuentran grabadas las conversaciones del empresario y el gobernador poblano, con la finalidad de analizarlas para poder señalar qué procede legalmente.
Pérez Duarte -quien el pasado 16 de diciembre acompañó a la periodista durante su traslado de la ciudad de Cancún a la de Puebla-, indicó que en este caso hay diversas aristas, las cuales se tendrán que estudiar de una manera minuciosa, «ya que es verdaderamente preocupante, que sucedan este tipo de hechos en nuestro país».
Resaltó la enorme solidaridad que Cacho recibió por parte de representantes de diversos medios de comunicación, organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, así como de las legisladoras, quienes la arroparon «para que no se llevaran a cabo las vejaciones que tenían preparadas para ella».
Asimismo, ante el Pleno de la Cámara de Diputados, la legisladora Beatriz Mójica, aseguró que «desde la fracción parlamentaria del PRD promoveremos un juicio político en contra del gobernador de Puebla, Mario Marín», a quien calificó de «delincuente».
Mientras, la diputada panista Myriam Arabián Couttolenc consideró que la persecución contra Cacho va «ensañada no sólo por el hecho de ser mujer, sino también por el quebranto a los principios de un régimen federal», por lo que pidió que la justicia en este ámbito atraiga la investigación.
Quien también habló del tema fue el candidato a la Presidencia de la República del Partido Acción Nacional (PAN), Felipe Calderón Hinojosa, quien enérgico destacó que en el caso Lydia Cacho, debe haber una investigación a fondo, «caiga quien caiga».
«Expreso mi más enérgico rechazo y repudio a esta barbarie que debe emprender una investigación a fondo, me vale que sea el gobernador y que sea un empresario poderoso, que se les castigue caiga quien caiga», destacó.
En el marco de una reunión con vecinos de un fraccionamiento del municipio de Atizapán de Zaragoza, el panista dijo que de ser ciertas las conversaciones difundidas por un medio de comunicación nacional, el gobernador tiene que ser investigado.
Asimismo, hoy se dio a conocer que el Juez Primero de lo Penal con sede en Cancún, Gilberto de Jesús Herrera, aceptó la competencia del juicio por difamación contra la escritora Lydia Cacho iniciado en el Estado de Puebla.
El proceso quedó bajo la causa penal 59/2006 por el delito de difamación.
Cacho, tras su detención en Cancún y traslado a Puebla, presentó un recurso para que los juzgados de esa entidad del centro del país se declararan incompetentes para dar seguimiento a su caso.
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