Mientras que las autoridades identifican algunas de las víctimas en el feminicidio de Ciudad Juárez y Chihuahua para cerrar un capítulo, la falta de apoyo social ensombrece el futuro de las hijas e hijos de las víctimas, denuncian activistas de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
Durante más de una década pugnaron por esclarecer los crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, pero hoy ni Esther Chávez Cano, fundadora de «Casa Amiga», ni Marisela Ortiz, fundadora de «Nuestras Hijas de Regreso a Casa» son escuchadas o convocadas de la Procuraduría General del Estado o el Instituto Chihuahuense de la Mujer (Ichimu).
En entrevista telefónica, Marisela Ortiz manifestó a Cimacnoticias su preocupación por lo que avizora hoy como un gran problema: la situación socioeconómica de algunos hijos e hijas de las víctimas.
Un ejemplo es la hija de trece años de Perla, quien fue victimada el mismo día que la niña cumplía seis años. Los siguientes siete años estuvo a cargo de su abuela y hoy es una adolescente con muchos problemas escolares y un intento de suicidio.
Si bien «Nuestras Hijas de Regreso a Casa» le brinda apoyo psicológico, refiere Ortiz, poco puede hacer sola para revertir las pocas oportunidades de educación a las que la menor tiene acceso.
Por ello acuden a menudo a solicitar la intervención del Ichimu donde le han hecho notar que Perla, su madre «era prostituta» como argumento a la falta de apoyo económico y social. Tampoco han tenido respuesta de la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR).
Como la hija de Perla, «Nuestras Hijas de Regreso a Casa» ha registrado una veintena de menores afectados por el feminicidio que persiste en la frontera norte.
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