La Comisionada especial para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Guadalupe Morfín Otero, convocó hoy a un pacto nacional entre todas las instituciones del Estado, la academia, el empresariado y la sociedad civil, a fin de poner un alto a los asesinatos de mujeres en aquella ciudad fronteriza.
«La magnitud del problema, es tal que requiere un gran pacto entre Federación, Estado, Municipio y sociedad. Ninguna solución impuesta desde fuera podrá prosperar sino existe ese respaldo», sentenció la funcionaria.
Al tiempo, la funcionaria anunció la próxima visita de Ruth Gaby Vermut , presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Unión Europea (UE) para que conozca de cerca la situación que se vive en Ciudad Juárez.
Morfín Otero urgió a que en la policía judicial y municipal del estado de Chihuahua se instituya el servicio civil de carrera para que se forme a personal capacitado y sensible en materia de género.
La comisionada especial participó esta tarde en la última ronda de ponencias del seminario «Cumplimiento de las Convenciones y Acuerdos Internacionales materia de violencia contra las mujeres en la tarea legislativa como propuesta alternativa para el combate del feminicidio de Ciudad Juárez, Chihuahua», organizado por las comisiones especiales del caso Juárez en el Senado y la Cámara de Diputados.
En un hotel del centro de la ciudad, la comisionada especial indicó que el Estado debe actuar con más fuerza en Chihuahua, ya que comienza a reproducirse el feminicidio que afecta a Ciudad Juárez desde hace una década.
No descartó la posibilidad de que el Gobierno federal atraiga las investigaciones de los cerca de 400 asesinatos de mujeres perpetrados en Juárez desde 1993, a partir de los acuerdos internacionales firmados por México para proteger los derechos femeninos.
Guadalupe Morfin dijo que es necesario conocer las cifras exactas de mujeres desaparecidas y asesinadas, así como la «correcta clasificación» del tipo de homicidios ocurridos en Ciudad Juárez.
En este contexto, resaltó que los cambios no deben ser solamente en la vía legal, sino también en las prácticas administrativas de procuración de justicia que suelen discriminar a las mujeres.
Guadalupe Morfín destacó que aunque no es su función como comisionada especial, ha logrado acceder a expedientes en poder de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua y espera respuesta de la fiscal especial María López Urbina para tener acceso a los expedientes que son investigados por ella.
Por su parte, el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Mario Alvarez Ledesma, reconoció que el gobierno de México tiene la obligación de hacer las reformas legales pertinentes para armonizar el marco jurídico con las convenciones internacionales firmadas por el gobierno a favor de los derechos humanos de las mujeres.
Lamentó que el sistema federal de nuestro país obstaculice a las autoridades como la PGR a intervenir directamente en la investigación y esclarecimiento del feminicidio en Ciudad Juárez.
El funcionario de la PGR, resaltó los esfuerzos del presidente Vicente Fox para encontrar distintas fórmulas para que la Federación pueda intervenir en las investigaciones del feminicidio sin violentar la soberanía de los estados.
También destacó la iniciativa presidencial para reformar la Constitución, la cual de aprobarse permitiría a la justicia federal intervenir de inmediato para atender crímenes de lesa humanidad que rebasen la capacidad de resolución de los gobiernos estatales.
Por su parte Erika Martínez, en representación de Patricia Olamendi, subsecretaria para Temas Globales de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE) y Rodrigo Cárdenas, en representación de Patricia Espinosa, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) enumeraron una serie de acciones de sus dependencias a fin de contribuir al esclarecimiento de los crímenes de mujeres y al combate de la violencia de genero en Juárez.
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