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Cuestionan nombramiento de la fiscal para Caso Juárez

Por Miriam Ruiz

La comisionada especial para el Caso Juárez, Guadalupe Morfín, y las organizaciones de víctimas del femicidio recibieron hoy con recelo y sin ser consultadas la designación de la primera fiscal especial para la Atención de Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en el Municipio de Juárez del poder Judicial federal.

Esta mañana, el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, presentó a María López Urbina, ex delegada estatal en el norteño Coahuila, para fungir como agente federal del ministerio público en las investigaciones de asesinatos de mujeres, tras la propuesta del ombudsman José Luis Soberanes y Guadalupe Morfìn, entre otras figuras.

Sin embargo, después de la presentación de Urbina –quien no pudo dar cuenta de cuántos casos se investigan–, Guadalupe Morfín criticó en su discurso que no se le hubiera consultado en su calidad de comisionada designada por el presidente Vicente Fox, en octubre pasado.

Morfín, ex ombudsman de Jalisco y conocida por su trato suave, dijo al procurador que «la vida pública de un país está hecha de momentos que no son fotografías fijas, sino procesos construidos entre muchos actores». Al referirse a la nueva fiscalía dijo: No he sido parte de su diseño y me preocupa que no se incorpore a las víctimas de la ciudad de Chihuahua en su mandato.

Tras aclarar que «esto no significa desconfianza en esfuerzos institucionales, sino recobre la memoria de las dificultades que han tenido las fiscalías espíales en México por la ausencia de resultados y la consecuente falta de credibilidad», la comisionada dijo que ella habría podido aportar otras fórmulas de intervención federal.

Desde 1993, tanto en la fronteriza Ciudad Juárez como en la capital estatal se han registrado poco más de 370 asesinatos (30 por ciento de ellos seriales), de acuerdo con Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El mandato de la nueva fiscal, de acuerdo con el Diario Oficial de la Federación, se constriñe únicamente a Ciudad Juárez.

Además, agregó Morfín, «no queremos una fiscalía que marque divisiones de los delitos que constituyen el espectro de agresiones contra las mujeres; la violencia doméstica no deja de ser grave».

«La discriminación implícita en los homicidios contra mujeres no se resolverá separando los delitos según pertenezcan a la federación o al Estado. La violencia contra las mujeres requiere un análisis profundo», dijo Guadalupe Morfín, misma que aseguró que analizará los expedientes junto con la nueva fiscal.

Cabe señalar que mientras que en tres meses la comisionada presidencial (dependiente de la Secretaría de Gobernación) aún carece de presupuesto suficiente para su labor, la nueva fiscalía cuenta con 72 millones de pesos, es decir, el total del presupuesto nacional asignado a la PGR para la resolución de crímenes.

Fuera de la jugada

Pese a que la atención internacional ha tomado ampliamente en cuenta a las familias de las jóvenes asesinadas tanto en Ciudad Juárez como en Chihuahua, así como a otros grupos activistas, la PGR omitió consultar e informarles sobre el perfil para aspirantes a la fiscalía federal.

Para la abogada Luz Esthela Castro, de Justicia para Nuestras Hijas en la ciudad de Chihuahua, es indignante que se omitan los crímenes de Chihuahua –nueve asesinatos de mujeres jóvenes con características semejantes a los de Juárez desde 1999.

Aunque Amnistía Internacional las incluye en su informe Muertes Intolerables, al igual que Guadalupe Morfín y aunque Vicente Fox recibió los casos de manos de las familias en noviembre, no terminan de visibilizarse los asesinatos de mujeres en la ciudad de Chihuahua.

Castro lamentó que se descalifique con ello el trabajo hecho por Guadalupe Morfín al tratar de «acortar el problema y no reconocer que estos crímenes de odio se expanden», con lo que «dan un mensaje de impunidad a los asesinos».

Esther Chávez Cano, una de las primeras activistas en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez y fundadora de Casa Amiga, coincidió en que no se les tomó en cuenta.

Criticó la falta de atracción de los casos al fuero federal y aseguró «ahí no vamos a avanzar en los derechos de las mujeres, porque no se puede dejar de lado la violencia doméstica. Tengo 180 muertes por esa causa, misma que seguirá».

Para ella, ésta será otra fiscalía especial como la que ya trabajaba en Ciudad Juárez, primero en el nivel estatal y luego, de manera mixta con la PGR. «Yo temo que no sea otra aspirina para el enorme problema que tenemos».

Además, hizo notar que la comisionada Morfín «llegó desarmada, sin nombramientos ni fondos».

Adriana Carmona, especialista en llevar casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos e integrante de la campaña nacional Alto a la Impunidad Ni Una Muerta Más, expresó en entrevista su preocupación tras revisar el Acuerdo A/003/04, ya que «es un nombramiento ambiguo que no establece cuáles casos verá y cuáles no».

Tampoco habla de atraer casos a la federación, dejando nuevamente los casos en la cancha de la fallida justicia estatal. «Podría convertirse en una puerta más para diluir las responsabilidades en las muertes de mujeres en Chihuahua».

04/MR/GBG

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