El tema del feminicidio de Ciudad Juárez tiene múltiples aristas, pero sin duda alguna una de las que más resaltan es la que tiene que ver con la poca atención que esta serie inacabable de crímenes mereció a las autoridades federales, y de manera muy particular a la Procuraduría General de la República (PGR).
Llama la atención que el mismo día que tomó posesión la fiscal especial de la PGR para los asesinatos de Ciudad Juárez, María López Urbina, personeros de la procuraduría intentaron diluir su responsabilidad acusando a las ONG de ser pagadas para exagerar los alcances de los crímenes y su resonancia pública.
Lo escandaloso son los crímenes y la impunidad que los ha rodeado; que después de 10 años apenas ayer se hubiera instalado una fiscal para atraer el caso a nivel federal, y que sólo se haya decidido tomar esa iniciativa debido a la presión internacional. De otro modo, el gobierno seguiría lavándose las manos.
Todo eso es escandaloso. Las ONG locales y nacionales han venido presionando año tras año para que las autoridades federales tomen cartas en el asunto, toda vez que las estatales y municipales han querido convertir al feminicidio en tema de nota roja. Sólo que la realidad se ha convertido en un obstáculo insalvable.
Ni el panista Francisco Barrio Terrazas (gobernador de Chihuahua), al iniciar los crímenes, ni el priista Patricio Martínez (que está a punto de concluir su periodo al frente de ese estado) fueron capaces de ofrecer algo más que pretextos con respecto a su ineficiencia, incapacidad y falta de interés en resolver un asunto que se desborda día tras día.
Pero si las autoridades estatales no pudieron hacer nada, las municipales mostraron la otra cara: desprecio, soberbia y corrupción, en una coincidencia partidaria que pocas veces se ve; pues uno y otro gobiernos han pasado de administraciones priistas a panistas y los resultados han sido los mismos, es decir, ninguno.
Sin duda, ha permeado en la actitud de la PGR la falta de sentido y responsabilidad que ha mostrado el gobierno panista a lo largo de sus tres años de gestión. La política del «¿yo por qué?» que se enseñoreó en el gobierno prácticamente desde sus inicios permite ya apreciar el clima de ingobernabilidad que nos domina.
No es gratuito que el país se haya sumido en la incompetencia y la inmovilidad. El gobierno del cambio y el gabinetazo quedan ya como parte del anecdotario nacional, como ejemplo de los extremos a los que nos puede llevar el manejo ideológico de la realidad.
En el fondo se encuentra, desde luego y sobre todo, el fracaso gubernamental de una derecha que se consideró siempre infalible, mientras fue oposición, pero que ha sido incapaz de mostrar el mínimo sentido común una vez en el gobierno. Una oposición que se condena a sí misma al ostracismo y la crítica, pero que es incapaz de responder a unos retos que los sobrepasaron cuando tuvo el poder.
El PAN no entendió nunca para qué sirve el poder. Para los panistas, entre quienes no podemos excluir a la llamada «familia presidencial», el poder tiene un sentido patrimonialista, es un algo que les pertenece por derecho propio. Por eso consideran natural que el presidente pueda «heredar» el poder a su esposa (lo mismo que hace por su parte el PRD en Tlaxcala), y también por eso consideran como una ofensa personal que se les reclame sobre decisiones de gobierno que no pueden ser consideradas como personales. Por eso Nico puede ser más que una anécdota o las ambiciones de Marta Sahagún convertir a México en la república bananera que creímos haber abandonado para siempre.
Hemos, por fin, recorrido el camino completo en sentido inverso, y hoy por hoy decir que lo público es privado, y que sólo tiene sentido si y sólo si depende de la voluntad presidencial.
Es por eso que el gobierno considera que es agredido cuando se le reclama que cumpla con las leyes y atienda a sus responsabilidades de gobierno, y antes que nada y en primer lugar proteger la vida humana. Los panistas parecen olvidar cuál es el sentido de gobernar, más allá del glamour del que tanto parecen gustar.
El Caso Juárez es paradigmático por éstas y otras razones, pero de manera muy particular por la forma en que el gobierno ha intentado una y otra vez rehuir a sus responsabilidades. Hoy busca el desprestigio y cree ver en la actividad de las ONG las antiguas conjuras internacionales al estilo Díaz Ordaz.
No, señor Presidente: nadie está pagando por desestabilizar su gobierno (no lo necesitan). Sólo se exige que asuma sus responsabilidades, por más que pueda tomarlo como una ofensa personal. Son parte de las responsabilidades del gobernante que aún puede aprender, así a través de la presión internacional.
04/GMT/GBG
