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Deben protegerse derechos patrimoniales

Por Guadalupe Vallejo Mora

La violación a los derechos económicos y patrimoniales de las mujeres son una realidad en nuestro país que se da no sólo en las áreas rurales sino urbanas, las cuales se traducen en despojos de tierras, cesión de derechos por engaños o fraudes y quienes los cometen suelen ser los propios hijos, familiares, cuñados o suegros de éstas, afirmó la abogada Martha Guadalupe Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas.

Dijo que su organización documentó desde hace tres años 28 casos de violaciones a los derechos económicos y patrimoniales de mujeres campesinas e indígenas, los cuales siguen abiertos, debido a que las leyes agrarias les impiden adueñarse de las tierras que trabajan, cuidan y protegen mientras el marido o la pareja emigra hacia los Estados Unidos.

En entrevista, la también abogada y litigante recordó que las propias leyes o los llamados «usos y costumbres» de cada comunidad, impiden que las mujeres participen como ejidatarias o en representación del marido; «entonces son despojadas por el cuñado, los hijos, los sobrinos, el suegro y son finalmente ellos quienes van a representar al hombre ausente que está en Estados Unidos, no ella; incluso en el caso de las viudas».

Figueroa Mier destacó que muchos de los casos estudiados y documentados tienen que ver con el despojo de tierras a ancianas campesinas e indígenas, pues los bienes que adquirieron por pensión o viudez han sido cedidos mediante engaños a sus parientes más cercanos.

«Son obligadas a firmar compraventas ficticias o sesión de derechos y de pronto el trámite que pensaron que su yerno y/o hijo o familiar amorosamente les arregló, resulta que fue un engaño porque al final de cuentas ella vendió su propiedad o firmó una compraventa o hipoteca de la cual no recibió ni vio el dinero».

Ante ello, destacó que el Movimiento Independiente de Mujeres (campesinas, rurales e indígenas), el Centro de Derechos Humanos de Chiapas y su organización buscan, a través del Parlamento de Mujeres, impulsar leyes que garanticen el acceso, control y derechos de la propiedad de las mujeres a los recursos materiales y sociales como un medio para mejorar su bienestar, su poder de negociación en el hogar, su autonomía económica y autoafirmación personal.

También por reformar la ley agraria a fin de que los gobiernos garanticen a las nuevas generaciones de hombres y mujeres el acceso al agua, la tierra y todos los recursos en general, pues destacó que dentro de la clasificación que hay de violencia intrafamiliar además de la emocional, psicológica y física, está la económica y patrimonial.

Martha Guadalupe Figueroa recordó que para los hombres la tierra significa patrimonio y «bienes para curar males», en tanto que para las mujeres es su seguridad, su vivienda, «hay un enlace emocional-social con la casa; ella no quiere la propiedad para enajenarla, venderla y generar más bienes o patrimonio. Implica esta necesidad de reconocimiento, de saber que la casa es suya y de sus hijas e hijos, contrario a la falsa creencia que nos enseñan desde chiquitas de que las mujeres calculadoras, interesadas en el dinero son las malas».

05/GV/GM

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