Las víctimas del tráfico de personas dejarán de ser criminalizadas en una docena de países en el sur de Europa para obtener protección migratoria, acordó un grupo de ministros del interior el fin de semana pasado.
Al concluir la tercera reunión ministerial de la Fuerza de Tareas del Pacto de Estabilidad sobre el tráfico de personas, en Tirana, la capital albanesa, firmaron el acuerdo Albania, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria, Croacia, Macedonia, Moldavia, Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Kosovo, Turquía y Hungría.
Según ese acuerdo, los gobiernos deben abstenerse de deportar a las víctimas dado que se estima que hasta la mitad de las personas repatriadas vuelven a caer en el proceso del tráfico, informó el servicio informativo Unwire, de las Naciones Unidas, que cita como fuente al Turkish Daily News.
El convenio establece que, por el contrario, esos inmigrantes ilegales deben gozar de un permiso extendido de estancia para construir su confianza y animarlas a cooperar con la policía y otras autoridades legales que investiguen sus casos.
Los ministros participantes estimaron que en el mundo el tráfico de personas genera de siete mil a 12 mil millones de dólares en ganancias.
Una investigación del organismo civil Human Rights Watch descubrió una red extensa de tráfico de mujeres el año pasado, en la que aproximadamente dos mil mujeres y niñas fueron vendidas bajo engaños en Europa del Este en precios de entre 695 y dos mil 315 dólares.
La mayoría de ellas, provenientes de Moldavia, Rumania y Ucrania, se encuentran atrapadas en la prostitución forzada.
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