Demandan libertad de 14 presos políticos, entre ellos, la lideresa Maribel Díaz Gómez

En San Marcos, departamento guatemalteco fronterizo con México, se hace evidente cómo en territorios donde hay ramales del río Suchiate y del Volcán Tajumulco, instancias del Estado y de la iniciativa privada se alían para impulsar la construcción de grandes hidroeléctricas, a pesar del descontento social que existe en esa zona, mismo que se ha expresado a diferentes funcionarios públicos de tres gobiernos. 
 
Es importante conocer que desde 2002 habitantes de caseríos y aldeas del departamento de San Marcos, en múltiples ocasiones han denunciado la problemática energética que viven. A través de diferentes formas organizativas, mujeres, hombres indígenas y mestizos han expresado su rechazo a los proyectos extractivistas porque sólo benefician a los grandes empresarios.
 
El público lector tiene que saber que en lugar de escuchar las demandas populares, las instituciones del Estado han respaldado las exigencias de los inversionistas (entre los que figuran finqueros del café y empresarios industriales), y para ello han optado por criminalizar la lucha comunitaria. En este tiempo, 10 líderes han sido asesinados, entre ellos Evelinda Reyes y Víctor Gálvez.
 
Actualmente, en San Marcos hay 14 presos políticos; Maribel Díaz Gómez, madre soltera con cuatro hijos, es una de ellos. Además, existe la amenaza de nuevas capturas de líderes comunitarios, autoridades indígenas, representantes de consejos de desarrollo o alcaldías auxiliares. La más reciente sucedió ayer.
 
Acallar el descontento mediante la represión a las personas organizadas es una práctica que se repite en Guatemala, aun así, quienes están convencidos de la validez de su lucha por defender el “agua, la tierra y la vida” continúan haciendo esfuerzos para liberar a sus presos políticos, reconocen claramente el sesgo racista que tiene la actuación de algunos administradores de justicia, y representantes empresariales.
 
Las comunidades organizadas siguen en resistencia, a pesar de la represión, dicen con fuerza: “no nos ahuevamos”. Han recibido la solidaridad de agrupaciones de Petén, Izabal, Alta Verapaz y otros lugares.
 
Cuentan con la asesoría y apoyo de varios abogados, quienes explican que en estos procesos irregulares participa la jueza Hortensia Reyes Ríos y Casimiro Pérez, quien se ha presentado como supuesta víctima, primero de tres personas, luego de 25 y recién denunció a otras 25.
 
Las palabras de Zoila Pérez, esposa de uno de los presos quien a pesar de estar absuelto sigue en prisión, sintetizan la situación: “estamos viviendo persecución, no es justo lo que estamos sufriendo, en especial los hijos. Pido justicia, no puede ser que los maleantes estén libres y personas inocentes estén privadas de libertad. Si defendemos la madre tierra y el agua, eso lo tenemos que hacer”.
 
Entre las irregularidades detectadas en los procesos judiciales, los abogados enlistan: aceptar como querellante adhesivo a la Liga pro Patria, acusar de asociación ilícita y secuestro, faltar al cumplimiento de plazos en el Organismo Judicial, otorgar medidas sustitutivas con prohibiciones extensas y asignar casos a un juzgado del crimen organizado, a pesar de no corresponderle.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
16/RHA/AMS