El fiscal anticorrupción de España, Carlos Castresana, demandó hoy aquí al gobierno de México asumir un mayor compromiso del que ha mostrado hasta la fecha para esclarecer los más de 300 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez, «porque la gravedad de los asesinatos obliga a aportar todos los medios materiales, personales y técnicos al alcance».
Afirmó que la falta de resultados en los homicidios que se registran desde hace una década no obedecen sólo a una mala integración en las averiguaciones por parte del Ministerio Público o por defectos en las investigaciones policiacas, sino a un «colapso institucional y al fracaso en la integridad del sistema de justicia mexicano».
El fiscal, uno de los seis expertos que visitaron México en meses pasados para realizar un informe sobre el asesinato de mujeres en la ciudad fronteriza, afirmó que pese a los años transcurridos desde los primeros casos ninguno de ellos puede ser abandonado; aunque sean pocas las posibilidades de resolverlos, «es inaceptable tirar la toalla», sentenció.
Durante la Conferencia Política de Alto Nivel para la Firma de la Convención contra la Corrupción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Castresana demandó mayor compromiso del gobierno mexicano y también de las autoridades de Chihuahua para ofrecer resultados a corto plazo, pues no se puede tomar como pretexto que alguno de los delitos pudieron haber prescrito.
Respecto al informe que elaboró con otros expertos sobre el tema, reveló que en él se recomienda al Estado mexicano superar las deficiencias detectadas en la investigación y comprometerse al esclarecimiento de los cerca de 300 homicidios documentados.
El documento, detalló, fue entregado a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Viena, que lo remitió a su vez al presidente Vicente Fox Quesada.
Por otra parte, durante su intervención en la mesa de trabajo sobre «El papel de los medios y la sociedad civil en la promoción de una cultura contra la corrupción», el fiscal anticorrupción destacó que la importancia de los medios estriba en dar a conocer a la luz pública los actos de corrupción, y por ello se manifestó en favor del respeto al secreto profesional y en que los Estados tomen medidas para garantizar el libre ejercicio periodístico.
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