Derecho a la tierra para las mujeres en México, un tema de desigualdad

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DERECHOS HUMANOS
   No son propietarias de tierra hasta que el marido muere
Derecho a la tierra para las mujeres en México, un tema de desigualdad
Imagen retomada del portal Healthylifez.com
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 30/11/2017

Pese a que a las mujeres indígenas en México trabajan tierras para ganado y agricultura no son dueñas de ellas, pues se enfrentan a la desigualdad, violencia de género y problemas burocráticos, denunció la Red de Mujeres Indígenas Tejiendo Derechos por la Madre Tierra y el Territorio (RENAMITT), que trabaja desde 2012 en Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Chihuahua y Guerrero para que más mujeres tengan certificados agrarios que las reconozcan como dueñas de parcelas.

La abogada e integrante de la RENAMITT, Rosenda Maldonado Rodríguez, dijo que en el país no hay un registro que permita conocer cuántas de las mujeres propietarias son indígenas, pero lo que sí sabe es que no existen políticas públicas enfocadas en garantizarles el derecho a la tenencia de la tierra.

“Desde que se hizo el reparto agrario no hubo una política específica para las mujeres indígenas, por eso somos derechosas de las tierras casi por accidente porque es hasta que se muere nuestro marido que podemos tenerlas”, comentó en entrevista con esta agencia Rosenda Maldonado.

La RENAMITT comprobó esto desde el trabajo que hace en las comunidades y tras revisar las estadísticas del Registro Agrario Nacional (RAN), donde encontró que las propietarias son en su mayoría mujeres de 50 años en adelante.

En las comunidades indígenas cuando los hombres emigran a Estados Unidos son las mujeres las que trabajan en las tierras, sin embargo no se les reconoce que tengan derechos sobre ellas, aún si sus esposos, los dueños, no regresan. La desigualdad en el acceso de la tierra, explicó Maldonado Rodríguez, vulnera a las mujeres en todos los ámbitos de su vida pues propicia que la comunidad las relegue en la toma de decisiones que impactan directamente en la vida de ellas y sus familias.

Por ejemplo, en las asambleas comunitarias de municipios veracruzanos donde habitan indígenas otomíes y nahuas, ahí las mujeres que no tienen títulos de propiedad a nombre de sus maridos sólo asisten para pasar lista porque de no acudir les cobran una cuota, más no pueden tomar decisiones porque oficialmente la tierra no es suya.

El problema se extiende incluso con las consultas gubernamentales que comenzaron a hacerse en comunidades indígenas de Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Chihuahua y Guerrero antes de comenzar algún megaproyecto desde que se implementó en el país la Reforma Energética.

La defensora Rosenda Maldonado califica a estas consultas de “simuladas y amañadas”, pues se cita a los representantes de las asambleas comunitarias y autoridades municipales (donde hay mayoría de hombres) e ignoran las consecuencias que estos proyectos tendrían en la vida de las mujeres. “Si se acaba el agua en la zona, además de toda la carga de trabajo en los hogares de cuidado de nuestros familiares, tendríamos que caminar hasta dos horas más por aguas, los hombres no ven eso”, agregó.

Lo mismo sucede con los programas gubernamentales como Procampo, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural (Sagarpa): “las mujeres indígenas no pueden acceder a los beneficios para apoyos de siembra o ganadería porque no tienen un documento que las certifique como dueñas y se quedan sin fuentes de trabajo”, dijo la defensora Rosenda Maldonado.

A esto se suman también las distancias que deben recorrer las mujeres para regular sus certificados luego de que sus esposos fallecen ya que de las comunidades ubicadas en la Sierra de Oayacocotla o Ilamatlán, en Veracruz, hasta la sede del Registro agrario ubicada en Jalapa, los traslados suelen tomar más de 10 horas.

“Las mujeres no tienen los recursos para esos viajes, por eso a veces pueden pasar hasta 20 años para que regulen sus documentos, 20 años sin que accedan a todos sus derechos como propietarias”, denunció.

Para hacer frente a este panorama las defensoras de la RENAMITT, que comenzaron trabajar desde 2008 pero se articularon como red en 2012, han acompañado a al menos 70 mujeres de los estados donde trabaja logrando que tuvieran un certificado de tierra.

Tan sólo en 2015, cuando comenzaron a trabajar con el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB) y el Fondo Semillas como parte de un proyecto financiado por la Unión Europea, lograron 23 certificados agrarios para mujeres indígenas.

INCIDIR DESDE LAS LEYES

Para que las mujeres ejerzan con plenitud sus derechos de tenencia de la tierra, explicó Maldonado Rodríguez, no sólo basta con que cuenten con certificados, también es indispensable que las leyes en materia agraria y los reglamentos internos ejidales contemplen y se aplique la perspectiva de género, para que, por ejemplo, las tierras puedan registrarse a nombre de una pareja, algo por lo que también trabaja la RENAMITT.

Muestra de ello fue que en 2016 lograron que se reformara el artículo 37 de la Ley Agraria, que estableció que debía haber una postulación de 40 por ciento de mujeres para candidaturas de comisionarías ejidales y los consejos de vigilancia, sin embargo, esto no garantiza que las mujeres sean electas y puedan participar activamente en la toma de decisión sobre la administración de las tierras. “Buscamos paridad, si el consejo de vigilancia es hombre queremos que la ley obligue a que el comisariado esté a cargo de una mujer”.

Luego de exponer junto con la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas el problema de la tenencia de la tierra a la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, durante su visita a México a principios de noviembre, lograron que en su informe preliminar la relatora mencionara este ámbito como uno indispensable para erradicar la brecha de desigualdad.

Rosenda Maldonado añadió que los trabajos en la red continuarán enfocados a que más mujeres puedan tener un certificado agrario que las reconozca como titulares de derecho y dijo: “Tenerlos le cambia la vida a las mujeres, nos dicen ‘ahora sí ya puedo hacer lo que quiera, estoy en mi casa’, no sólo es un documento, se les empieza a reconocer y se les pone al mismo nivel que los hombres. Queremos generar las condiciones para que futuras generaciones de mujeres jóvenes estén al mismo nivel que los hombres”, concluyó.

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