El Secretario de Gobierno del Distrito Federal, Alejandro Encinas, descartó la posibilidad de reabrir el caso sobre la muerte de la abogada y defensora de los derechos humanos Digna Ochoa y Plácido, ocurrida el 19 de octubre de 2001.
Luego de que el Subcomandante Marcos, jefe militar del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), solicitara al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, reabrir el caso de la abogada, Encinas señaló que aunque el expediente se puede revisar, no existe posibilidad de modificarlo.
Así, las posturas de dos funcionarios del gobierno capitalino se contraponen, toda vez que el procurador capitalino aceptó hoy la probabilidad de reabrir el caso ya que la resolución está en manos del Tribunal Colegiado del Poder Judicial, luego de que los familiares de Digna Ochoa solicitaron su revisión.
Cabe recordar que tras la conclusión de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) sobre el suicidio y no el asesinato como causa de la muerte de Digna Ochoa, sus familiares impugnaron la resolución ante un juez de Distrito.
Después de que el juez rechazara la petición, los familiares de la abogada apelaron al Tribunal Colegiado, el cual determinará en breve si concede o no el amparo.
La controversia sobre el caso Ochoa y Plácido surgió luego de que el pasado 6 de enero, a través de una misiva dirigida al procurador capitalino, el Subcomandante Marcos afirmara que «la investigación está plagada de irregularidades, ineficiencias y bajezas. En suma, los funcionarios bajo su mando se han conducido con deshonestidad».
En el documento titulado «Digna y Pável, memoria enlodada», el líder del EZLN sostiene que para fortalecer la hipótesis del suicidio, los funcionarios de la PGJDF se dedicaron a destrozar la reputación de Digna Ochoa con el objetivo de presentarla como una desequilibrada mental.
En este sentido, explica, «con el más puro estilo de la guerra sucia de los 70, filtraron información falsa a «periodistas» para que la opinión pública viera, a quien luchó por los derechos humanos de los desvalidos y de los luchadores sociales, como una demente taimada y perversa».
Por ello, el jefe militar del EZLN demandó al procurador capitalino reabrir «el caso de Digna restituyéndole primeramente el valor moral que le destruyeron con su torpe investigación, y que obligue a sus funcionarios a conducirse con responsabilidad, seriedad y eficacia en el caso de Pavel».
La misiva de Marcos fue la respuesta a una carta que le envió Bernardo Bátiz el 7 de septiembre del año pasado, donde el funcionario ratifica la conclusión de que la defensora de los derechos humanos se suicidó.
Hoy, tanto el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, en su columna Plaza Pública del periódico Reforma, como Magda Gómez, en una carta publicada por La Jornada, rechazaron haber avalado la conclusión del suicidio de la defensora de derechos humanos.
De la misma forma, Rosario Ibarra de Piedra, en una comunicación dirigida a La Jornada el pasado 8 de enero, afirmó que no intervino en la designación de Margarita Guerra y Tejeda como fiscal especial para dar seguimiento al caso de Ochoa y Plácido, tal como afirma Bátiz en la carta dirigida al Subcomandante Marcos.
2005/MP/SJ
