Académicas y representantes de organizaciones civiles hicieron hoy severas críticas al gobierno del presidente Vicente Fox por la falta de garantías para que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, y señalaron retrocesos en la materia a causa del conservadurismo.
La toma de posición fue hecha en una reunión de trabajo con Clara Jusidman, quien como consejera de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos elaborará un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres que será publicado en octubre próximo.
Las estudiosas y activistas alertaron que el tema de la salud reproductiva de las mujeres está diluyéndose durante la administración de Fox.
En las instalaciones del Programa de Estudios Universitarios de Género de la UNAM, Yvonne Sheesa, del Colegio de México dijo que peligran los derechos sexuales y reproductivos femeninos ante la posible privatización de los servicios de salud y añadió que el concepto de «salud reproductiva» descarta la salud materna y el acceso al aborto legal.
Advirtió que existe un repunte en casos de VIH/SIDA en mujeres y criticó la falta de interés del gobierno de atender este problema de salud pública, aspecto que dijo, ha sido descuidado en el marco de la reforma del sector salud.
Marta Lamas directora de la organización civil Gire, criticó la escasez de información sobre derechos sexuales y reproductivos en el gobierno actual, la falta de acceso al aborto legal y en el peor de los casos su negación en casos de violación, como recién ocurrió en el estado de Michoacán donde fue encarcelado un médico por interrumpir el embarazo de una niña violada.
La antropóloga responsabilizó a la ideología católica de impedir la formación médica en las universidades privadas para la atención del aborto, como sucede en la Universidad de Guadalajara.
Vicente Díaz actual presidente de Mexfam, coincidió con la falta de capacitación de los prestadores de servicios de salud que permitan garantizar los derechos sexuales y reproductivos aunque ponderó el trabajo legislativo que este año permitió el aumento de presupuesto para la salud reproductiva.
En su turno Ana Luisa Liguori, representante de la Fundación MacArthur, planteó la falta de recursos para las políticas públicas y programas como Arranque Parejo, al cual se destinan 390 pesos diarios en los municipios de alta marginación, tras advertir que la pérdida del estado laico podría poner en riesgo los derechos sexuales y reproductivos de la población.
En tanto que María Eugenia Romero, integrante de la ONG Equidad y Género, exigió el compromiso del gobierno para pasar del discurso a la rendición de cuentas, al insistir en que es su obligación garantizar los derechos sexuales y reproductivos.
Tras quejarse del control de la sexualidad de los jóvenes dentro de los hogares y desde el Estado, Marucia López, militante de la organización Elige, demandó información para este sector de la población así como disponibilidad de métodos como el condón femenino y las pastillas de anticoncepción de emergencia.
Gloria Careaga, del Pueg, dijo a su vez que mientras no se combata la pobreza no se garantizarán los derechos reproductivos en especial de las mujeres indígenas, cuyas causas de mortalidad materna no sólo están relacionados con el acceso a los servicios de salud sino a problemas como la desnutrición.
Planteó que el silencio del gobierno en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos de la población favorecen los prejuicios y estigmas.
En su intervención Nuria Marrugal de Sipam atacó la iniciativa del seguro popular así como las políticas para enfrentar la muerte materna que no incorporan el problema del aborto.
Por su parte Teresita de Barbieri, del instituto de Investigaciones Económicas, expuso la gravedad de la falta de cobertura de los programas de salud que conducen a problemas de grandes dimensiones en estado como Chiapas y Oaxaca y que toman en cuenta el repunte de infecciones como el SIDA en las mujeres rurales como efecto del fenómeno de la migración.
Finalmente Griselda Espinosa de la UAM Xochimilco, puso énfasis en que las mujeres no tienen oportunidad de elegir el método anticonceptivo que desean utilizar ya que el sector salud no cuenta con toda la gama dando preferencia al dispositivo intrauterino, aunque Vicente Díaz, en su calidad de ex funcionario de Salud, negó que exista una política establecida para compra del DIU.
2003/SM/MEL
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