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Detienen en Jalisco a empleadas domésticas

Por Gustavo González López

Las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI), de los estados de Jalisco e Hidalgo, presentaron hoy un punto de acuerdo para solicitar la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que investigue la detención de trabajadoras domésticas por policías municipales de Guadalajara, Jalisco.

Entrevistado en la Cámara de Diputados el legislador federal priista Quintín Vázquez García, aseguró que esta detención tiene tientes racistas pues el delito de estas mujeres es ser indígenas.

Como todos los domingos, las indígenas –provenientes del estado de Hidalgo- se reunieron en el parque Rubén Darío, enclavado en la colonia residencial La Providencia, de Guadalajara, explicó en entrevista el diputado.

Pero este pasado fin de semana, el director de Seguridad Pública, Luis Carlos Nájera, hizo eco a los reclamos de los residentes de la Providencia, porque «las indígenas se habían apropiado de su parque».

Así, bajo el pretexto de «ingerir bebidas embriagantes», las fuerzas policiales implementaron un operativo para detener a las indígenas hidalguenses, todas trabajadoras domésticas.

Los legisladores califican el hecho como discriminatorio por parte de las autoridades municipales, presididas por Fernando Garza Martínez, ya que hasta el momento no se ha comprobado el presunto delito.

A decir del legislador del tricolor, el Ayuntamiento de Guadalajara, sostiene que su policía «persigue hechos, no razas», por lo que la Dirección de Seguridad Pública estatal no ha implementado ningún operativo especial en torno al parque Rubén Darío.

Sin embargo, continuó el legislador, Luis Carlos Nájera confirmó que recibió un comunicado de parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en la que le solicitaban informes sobre cuántos indígenas fueron detenidos en el Parque Rubén Darío en lo que va de la administración.

Nájera, director de Seguridad Pública agregó que no tiene datos al respecto porque la dependencia no detiene empresarios, estudiantes o indígenas, sino a personas que violaron el Reglamento de Policía y Buen Gobierno.

Pero los legisladores advirtieron que no cejarán en su empeño de acudir a todas las instancias necesarias para que sean castigados los culpables de detener a personas por el sólo hecho de ser indígenas y hacer uso de un parque público.

2003/GG/MEL

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