El 70 por ciento de las sentencias condenatorias de las once mil internas que hay en el país se realizaron de manera irregular, pues son resultado de procesos judiciales discriminatorios, reconoció la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Patricia Espinosa
Dijo que ante esa situación el instituto que encabeza presentará en breve un reglamento para mejorar la calidad de vida de las internas en los penales femeninos del país, que de ser aprobado se aplicaría en los reclusorios federales a partir del primer trimestre de 2006 y más adelante, podría instaurarse también en los estados.
«El reglamento establece como tomar en cuenta las condiciones de las mujeres. De todos los reclusorios, solo hay once femeninos, los demás son mixtos, es decir que los adaptan, y eso no está bien porque no pueden aplicar el mismo trato y condiciones que le dan a un hombre; muchas son madres y tienen a sus hijos con ellas, hay embarazadas que necesitan condiciones especiales, no hay ginecólogos ni pediatras», aseveró.
Entrevistada luego de participar en el Foro sobre la Aplicación y Seguimiento de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, recordó que las internas representan el seis por ciento del total de la población penitenciaria en la República; 65 por ciento cumple condenas por delitos a la salud, mientras que el resto es por robo y homicidio.
No obstante ello, agregó, «no cuentan con las instalaciones e infraestructura necesarias para llevar a cabo una buena rehabilitación, incluso muchas mujeres están presas en reclusorios mixtos».
En torno a las irregularidades en los procesos judiciales de las mujeres, la funcionaria federal comentó que en la mayoría de los casos no se consideró el desconocimiento de la ley, las presiones de sus parejas para cometer el delito y la ignorancia en general.
«Aparentemente el número de internas es insignificante, pero lo doloroso aquí es la situación en que se encuentran por las acciones que reciben, las cuales no van de acuerdo al grado de conciencia de cumplimiento de las agravantes que se requieren para ser sentenciadas. Muchas veces, siendo analfabetas, las obligan a firmar los documentos pertinentes, sin saber que es su condena».
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