Como un claro caso de tortura, calificó el presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), Adrián Ramírez López, lo ocurrido a la canadiense Laluoe Desperrier Roux, durante la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina, el Caribe y la Unión Europea celebrada en la ciudad de Guadalajara, los días 28 y 29 de mayo.
El activista, quien es médico de profesión, dijo haber examinado a la canadiense cuyo número de expediente de trámite de deportación se desconoce y quien se dice está «asegurada» en la estación migratoria de Iztapalapa, del Instituto Nacional de Migración (INM), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Ramírez López proporcionó a esta agencia un parte médico en donde expone las lesiones a las que fue sometida la extranjera por elementos de la policía local.
Según el testimonio de la canadiense, al igual que otras cuatro mujeres, fue detenida por policías antimotines y golpeada con una macana en la cabeza, en el abdomen y piernas al grado de dejarla semiinconsciente.
Desperrier Roux narró que sus heridas fueron suturadas y cuando fue dada de alta de la Cruz Verde -a donde la llevaron para recibir atención-, fue detenida nuevamente por policías quienes la interrogaron, amenazaron e insultaron, al tiempo que se burlaban de ella.
Además, fue obligada a permanecer en posiciones incómodas y, antes de ser entregada a agentes migratorios, la formaron junto con otros siete extranjeros detenidos de cara a la pared y con las manos en la nuca, mientras los policías los amenazaban con llevarlos a una cámara de gas y que sería su último viaje.
Ramírez López informó que de los 144 altermundistas detenidos a finales de mayo por los disturbios en la Cumbre -de los cuales cuatro son mujeres-, sólo quedan 35 por obtener su libertad.
Dio a conocer que este día varias organizaciones civiles sostendrán una reunión para exigir al gobierno estatal y federal, que sean puestas en libertad las personas que aún quedan detenidas.
En el comunicado, Ramírez López recuerda el compromiso del gobierno mexicano de actuar con apego a la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1998.
En ella se reconoce a toda persona el derecho, individual o colectivo, a promover la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, dispone la obligación de los Estados de proteger a esas personas, así como la de investigar en forma rápida e imparcial las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales cometidas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción.
El defensor de los derechos humanos precisó que en la reunión que sostendrán hoy, se analizará la forma en que procederán en cada caso de las y los detenidos y ante qué instancias acudirán para demostrar que sí hubo violación a sus derechos humanos.
2004/LG/GV/SM