El abuso sexual es un problema que tiene que ver con el género y cuyo marco de abordaje es la violencia doméstica, que responde a un manejo perverso del poder en las relaciones entre los géneros, sostuvo la médica especialista en psiquiatría infantil, Rosa Loureiro.
Este problema –apunta- es un atentado a los derechos humanos de niñas y niños, que compromete la responsabilidad de diversos estamentos del Estado, como los ministerios del Interior, Salud, Educación, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, a profesionales de la medicina, psiquiatría y psicología, asistentes sociales.
En definitiva, debería importar a toda la sociedad, sostiene Loureiro, quien apunta que cuando existe abuso sexual infantil se rompe el vínculo de filiación que se construye en la familia, ya que se le quita a la niña o niño el lugar del hijo, y para quien un buen diagnóstico es tan imprescindible como difícil de realizar.
Cuando hay lesión física en genitales queda claro, pero cunado no la hay no se descarta la existencia de abuso sexual, del que es revelador el examen psicológico. Las y los niños se comunican por el juego, hablan; si callan es sólo porque están amenazados, y también hay que aprender de sus silencios.
Se habla de los riesgos de la inducción de la entrevista, pero «los profesionales no pueden meter en la cabeza de niñas y niños lo que no tienen», advierte Loureiro. Respecto de la presunta seducción por parte de las niñas o niños, aclara que ellos «no seducen, son los adultos los que interpretan sus conductas como habilitadoras», adultos que son precisamente quienes tienen la responsabilidad de cuidarlos.
Frente a la sospecha de abuso, se prefiere internar a los menores en servicios médicos para protegerlos, con intervención de pediatra, psicólogo y psiquiatra infantil y, además, juez de Familia.
DERECHO A DECIR NO
Para la pediatra Mónica Bombaci, el abuso sexual infantil no es nuevo ni distingue clases sociales. Cuando se presenta, revela un fallo en el orden social, y que las normas de afecto, convivencia y respeto no son claras en la familia.
Se calcula que el 95 por ciento del abuso sexual infantil se produce en el ámbito intrafamiliar e intradomiciliario, 80 por ciento del cual es actuado por el padre o quien lo sustituya en el rol.
Condiciones que inciden en su ocultación y en el consecuente subregistro: se presume que la realidad supera tres y cuatro veces los casos denunciados.
Bombaci recuerda que el pediatra es el primero en entrar en contacto con el problema, y también el más habilitado para identificar factores de riesgo y protectores. Tiene que buscar los indicios, observar si hay lesiones en genitales de niñas y niños. «Ahora buscan y encuentran más», acota Loureiro.
Las expertas concluyen que el abuso sexual infantil es multicausal y habla de cambios en el colectivo social, desintegración familiar, pobreza, exclusión, pérdida de valores, desempleo, marginalidad, entre otros fenómenos propios de la etapa que se está viviendo.
Ante la evidente falta de información y entrenamiento de los técnicos, urge crear lugares de formación, privados o públicos, y trabajar en equipos interdisciplinarios, con protocolos de atención, coinciden Loureiro y Bombasi.
Un aspecto importante que deberán contemplar las políticas públicas fuertes en materia de prevención que se reclaman. «Se puede enseñar a niñas y niños a prevenir el abuso sexual», a que se nieguen a que les hagan lo que no desean, asegura Loureiro.
La socióloga Teresa Herrera agrega que la prevención también pasa por educación sexual y fortalecimiento de la autoestima, lo que les ayudará a superar la dificultad de resistirse en un clima de afectos familiares.
LAGUNA PENAL
En nuestro derecho positivo, no es delito lo que no está definido como tal. Y el abuso sexual no está incluido en el Código Penal uruguayo. En su capítulo de «Delitos contra la moral y las buenas costumbres y el orden de familia», el artículo 272 contempla violación, atentado violento al pudor, ultraje público al pudor, corrupción, incesto (sólo cuando sea con escándalo público), exhibición pornográfica.
Como explica el ginecólogo y médico legista Gustavo Gallino, los jueces tienen que ubicar el abuso sexual en alguno de estas figuras, de acuerdo a la evidencia que haya.
«Médicos y peritos pueden compartir un diagnóstico, pero no es suficiente: tiene que haber también presunción jurídica, el juez tiene que tener la certeza», explica Gallino. Incluso, el juez puede encontrar elementos para procesar pero, si luego no se obtiene prueba categórica, no poder sentenciar.
Esta situación es justamente la que hace sentir a las madres de niñas y niños abusados que la justicia no los protege, y que están solas en la lucha. En los hechos, frecuentemente se traduce en la continuidad del contacto con el abusador, que las pequeñas víctimas rechazan y que mantiene abierta la puerta para su revictimización.
DATOS QUE ALARMAN
Los datos aportados por la doctora Mónica Bombaci indican que en el Centro Hospitalario Pereira Rossell, a partir de 2002 aumentó el número de casos probados de maltrato y de abuso sexual infantil.
En 1991 fueron 50, 40 en 1996, 35 en 2001, 50 en 2002, 69 en 2003 y en 2004 se registraron 41 solamente de febrero a abril. El 65 por ciento de las víctimas fueron del sexo femenino.
Un estudio de casos desde el 1 de enero de 2003 al 31 de marzo de 2005, realizado en el Centro de Salud de Piedras Blancas, reveló 67 casos de maltrato infantil: en 40 (60 por ciento) hubo abuso sexual infantil. De las víctimas totales, 72.5 por ciento eran niñas, 22.5 por ciento menores de cinco años, 42.5 por ciento de entre cinco y 10 años, 35 por ciento mayores de 10 años.
2005/IV/SJ
