El Congreso de la República tiene como atribución la observancia permanente de las acciones del organismo ejecutivo, especialmente en materia de violencia feminicida; la participación de la sociedad civil es indispensable para llevar a interpelación a los funcionarios que velan por la seguridad de las guatemaltecas, indicó la diputada Alba Estela Maldonado.
La fiscalización social es de vital importancia para el desarrollo de las naciones y el Poder Legislativo es un puente para que la sociedad lo utilice y sepa qué hace el gobierno en relación al combate de la violencia feminicida, tópico que aún está alejado de la agenda nacional, señaló Maldonado, representanta de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).
En opinión de la congresista, ante la falta de una política de Estado debidamente coordinada, la presión de las organizaciones de mujeres, así como sus aportes, son de relevancia para instalar una observación exhaustiva de las acciones del Ejecutivo a favor de la defensa de su integridad física y emocional.
La impunidad y la falta de conciencia de algunos funcionarios que no realizan su trabajo con enfoque de género, han contribuido a que la violencia contra las mujeres aumente; en las instituciones del Estado existe una creciente desvalorización de la integridad de las mujeres, por lo que la intervención de las y los diputados se hace indispensable, añadió la entrevistada.
En ese contexto, hasta que el Estado y la población no sean sensibilizados sobre los efectos negativos del machismo y las prácticas misóginas, la violencia contra ellas continuará y en muchos casos con resultados fatales, como lo reflejan las estadísticas de feminicidio, expresó Maldonado, quien también es vicepresidenta de la Comisión de la Mujer.
Con el objetivo de contrarrestar los altos índices de violencia contra las mujeres, la sociedad civil promueve algunas reformas a los Códigos Penal y
Procesal Penal, así como la Ley de Acoso Sexual; la parlamentaria indicó que también se conocen otras iniciativas con enfoque de género como la Ley de Armas y Municiones, la Ley de Inteligencia Civil y del Sistema Penitenciario y la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito.
Durante los proceso judiciales las mujeres son revictimizadas, acosadas sexualmente y objeto de amenazas, ya que el Estado no ha brindado una protección real a las víctimas de agresiones y que las coloca en una situación vulnerable ante los asesinatos, afirmó la legisladora.
El tema de género será difícil incorporarlo en el cuerpo legislativo, ya que hay un sistema patriarcal que evita que la mujer, en su individualidad, sea reconocida, y se visibiliza en la aprobación de presupuestos y de leyes, así como en la redacción de las mismas, concluyó Maldonado.
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