El secretario de Gobernación, Carlos Abascal, y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Patricia Espinosa, no deben expresar en público posturas personales que contradicen las políticas de Estado, porque con ello sabotean el interés general, aseguró Roberto Blancarte, investigador de El Colegio de México.
En entrevista con Cimacnoticias, el especialista consideró que las declaraciones de Abascal y de Espinosa, en el sentido de que debe revisarse la inclusión de la Píldora de Anticoncepción de Emergencia (PAE) en el Cuadro Básica de medicamentos de la Secretaría de Salud, son un ejemplo de la confusión de roles que existe entre un grupo de funcionarios de derecha enquistados en el equipo de la actual administración, y que ponen en riesgo el Estado laico.
«El problema es que hay una confusión respecto de los papeles que deben desempeñar como funcionarios; no están haciendo la indispensable distinción entre sus creencias personales y su función de velar por el interés general, previsto dentro de las leyes y las políticas públicas que han sido establecidas por el Estado, como la de población», afirmó.
Una minoría no puede limitar el acceso de las PAE a una mayoría, porque el 80 por ciento de los católicos, según las encuestas, está a favor de las PAE; pero aunque fuera una minoría la que quiere acceder a ellas, tampoco se justifica la pretensión de restringirle ese derecho, sostuvo Blancarte.
Más allá de la polémica surgida en torno a las PAE, el especialista recordó que en la actual administración se han dado varios intentos por imponer la visión conservadora de este grupo de funcionarios, muchos de ellos militantes del grupo de ultraderecha conocido como El Yunque, respecto de otros temas.
Entre éstos, citó la pretensión de eliminar la distinción entre ámbito público y privado en las reformas a la Ley de Asociaciones Religiosas, y advirtió que este grupo «siempre tendrá la tentación de imponer sus opiniones y creencias personales por encima del interés general».
En el caso de Abascal, consideró que debería cuestionarse cómo es que una persona que se opone a las políticas de Estado establecidas en materia de población y de asociaciones religiosas está al frente de la dependencia encargada de conducirlas.
Por ello, advirtió que la sociedad civil debe estar muy atenta para impedir la consumación de estas imposiciones, pues el grupo está presionando fuertemente al titular del Ejecutivo federal para modificar leyes y políticas de Estado.
Al respecto, Laura Martínez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas (Adivac), cuestionó que Patricia Espinosa, responsable de aplicar las políticas a favor de las mujeres en el país, rechace la inclusión de las PAE en el cuadro básico de salud, con el argumento de que puede usarse indiscriminadamente y representar un riesgo para la salud.
«Da pena y es una muestra clara del avance de la derecha en el país, de la fuerza que está tomando, de los criterios con los que se están abordando las políticas públicas y de la amenaza que esto representa para el Estado laico», consideró.
Advirtió que las organizaciones de la sociedad civil estarán atentas al curso de esta polémica para impedir que se consume un retroceso en el reconocimiento de los derechos de las mujeres.
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