Participación Política de las Mujeres
   OPINIÓN
El XLIX aniversario del voto femenino en México
| cimac.- 18/10/2002 A principios del siglo pasado, una caricatura publicada en un periódico estadounidense, bajo el título "Una sufragista en casa", mostraba a una mujer que decía: "No sabemos lo que queremos, pero seguro lo conseguiremos".

Caricaturas como ésa, ridiculizando el movimiento sufragista de las mujeres no tuvieron mayor efecto, porque las sufragistas francesas, estadounidenses o mexicanas desde fines del siglo XVIII sabían muy bien lo que querían: querían mejores condiciones para las mujeres en diversas áreas de la vida, y tenían muy claro que sin el poder político no iban a conseguir nada. Por eso deseaban adquirir la plena ciudadanía, para influir en la toma de decisiones y más adelante obtener cargos donde ellas tomaran las decisiones.

La profunda convicción y entrega de estas mujeres conquistaron en distintos momentos el derecho al voto. En México, en 1920 las yucatecas consiguieron este derecho, y en los siguientes cinco años lo hicieron las mujeres de San Luis Potosí y de Chiapas. Y si bien fue una conquista a nivel nacional hasta 1953, en muchos países se obtuvo este derecho en los últimos 30 años. Así pues, es evidente que la irrupción de las mujeres en los escenarios políticos es muy reciente. Y saber esto nos permite ubicar en una justa dimensión los avances y también los retos.

La buena noticia es que de 1995 al 2000, la participación femenina en el Poder Legislativo del Continente Americano creció 50%. La mala es que apenas hay 15 mujeres por cada 100 miembros de las dos Cámaras en América. La buena noticia es que a nivel mundial el Continente Americano ocupa el segundo lugar en participación femenina en los congresos. La mala es que en todo el mundo las mujeres ocupan sólo 10 de cada 100 escaños parlamentarios.

La buena noticia es que en México la representación femenina en las Cámaras es superior a la media mundial. La mala es que en el 2000 disminuyó en un punto porcentual. La buena noticia es que en los últimos cinco años las mujeres ocuparon cargos ministeriales (secretarías de Estado) en una cantidad sin precedente en América. La mala es que en el mundo las mujeres apenas ocupan un 4% de los cargos ministeriales, y en más de 80 países no ocupan ninguno.

Si bien es aún muy baja la participación de las mujeres en los cargos de representación popular, en general tiende a incrementarse. Pero esto se debe a la promulgación de leyes de cuotas. En Latinoamérica, 11 países promulgaron este tipo de leyes. El primero fue Argentina y los espacios ocupados por mujeres llegaron al 27%. En Francia, en junio del 2000 aprobaron una ley que impone el 50% de candidaturas de cada uno de los sexos.

En México, el pasado 30 de abril las mujeres abrimos la posibilidad de incrementar nuestra participación vía las leyes de cuotas. Ese día el Senado aprobó, sin un voto en contra, previa votación favorable en la Cámara de Diputados, reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que garantizan una presencia mínima de 30 por ciento para cualquiera de los sexos (desde luego léase para las mujeres).

Una reforma similar se había aprobado en 1996, pero todos los partidos cumplieron colocando a mujeres en las suplencias o en los últimos lugares de las listas de representación proporcional. Ahora deberán hacerlo en calidad de titulares y se establecen sanciones que van desde multas hasta la cancelación del registro del partido.

Previamente, Puebla y Zacatecas fueron pioneros en reformas de este tipo. Coahuila es el caso más reciente. En Quintana Roo está por debatirse la ley electoral, y aunque reformas constitucionales de julio de este año señalan la obligación de los partidos para no postular una representación mayor al 70% por género, no se especifica que sea en cargos titulares, y no se señalan las sanciones.

Quiero suponer que estas precisiones se harán en la ley en la materia, porque de lo contrario sólo avanzaremos en la realidad virtual: parece que tenemos más oportunidades, pero en realidad no se abren los espacios. Y justo ése es uno de los retos en este siglo. Las mujeres necesitamos pasar de ser grupos de presión a formar grupos de decisión. Necesitamos poder, porque sólo desde el poder es posible realizar las transformaciones para lograr la plena equidad.

Ahora bien, garantizar el mayor acceso de la población femenina al poder, no garantiza por sí mismo un cambio. No basta con que las mujeres ocupen más curules, o más cargos del más alto nivel en la administración pública. Necesitamos que asuman un compromiso de género, y desde su posición marquen la diferencia. Necesitamos que legislen y diseñen políticas públicas con perspectiva de género. Necesitamos que con el poder que se les ha conferido pongan su grano de arena para modificar el escenario adverso en el que nos movemos las mujeres.

Hay mucho que hacer. Por ejemplo, impulsar cursos de capacitación para judiciales, agentes de ministerio público, jueces y juezas, a fin de sensibilizar en temas de género e ir disminuyendo la procuración y administración de justicia con prejuicios discriminatorios. Diseñar políticas específicas para garantizar que las niñas no abandonen la escuela en niveles de secundaria y superiores. Impartir cursos de perspectiva de género a maestros y maestras, importantes reproductores de estereotipos sociales.

También hace falta impulsar reformas a los códigos Penal y Civil de nuestro estado, Quintana Roo, para hacer más eficiente la ley contra la violencia intrafamiliar, por ahora fundamentalmente asistencialista; asimismo, legislar contra el hostigamiento sexual. Diseñar una intensa campaña que prevenga a las niñas, jóvenes y mujeres del acoso sexual. Urge que el Instituto Quintanarroense de la Mujer empiece a crear un banco de datos con información estadística y diferenciada de la situación de la mujer en todos los ámbitos del estado, y urge que asuma su papel protagónico en el impulso de reformas para la equidad.

En nuestro estado, la Procuraduría de Justicia y las secretarías de Contraloría y Educación están en manos de mujeres. También son mujeres las titulares de los poderes Legislativo y Judicial. Tienen el poder, y con él la oportunidad histórica contribuir a modificar el escenario.

Por otra parte, los varones no están exentos de contribuir en esta lucha, a menos que se asuman como antidemocráticos, algo muy poco rentable a la hora de las elecciones. Y es que no hay democracia posible sin la participación efectiva de más de la mitad de la población. Y asumirse como democráticos sólo en el discurso ya no basta. Datos de Conapo señalan que en el futuro inmediato serán mayoría las mujeres jóvenes en edad de votar que los varones de su misma edad. Así que si no es por convicción, al menos por conveniencia política los varones deben comprender de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género.

En este sentido reconozco las medidas tomadas por el gobernador Hendricks en aras de la equidad. Me refiero a dejar de solicitar el certificado de no embarazo a mujeres que aspiran a un empleo en oficinas gubernamentales, y a la propuesta que exactamente hace un año hizo el doctor Peña Xicum, anunciada por el gobernador el primero de mayo de este año. Se trata de autorizar ocho días hábiles a los padres, cuando su hijo/a nazca, a fin de que asuman desde el principio su paternidad y se involucren en tareas de carácter doméstico. Estas son políticas públicas con perspectiva de género. El siguiente paso es emitir un acuerdo del Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial, para que no quede a nivel de convenio, como está ahora.

Muchas mujeres del siglo XXI, al igual que las sufragistas de los dos siglos anteriores, tenemos muy claro qué queremos. Queremos igualdad respetando las diferencias. Y al igual que aquéllas lo vamos a conseguir tarde o temprano. Confío en que las lectoras y los lectores coadyuven a que sea temprano.

* Periodista quintanarroense.







       

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