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Embarazo y VIH: Las mujeres en la carrera de obstáculos

Por Gabriela García Patiño*
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Martha es una mujer de 30 años, se enteró apenas hace unos meses que vive con VIH cuando su bebé de dos años se puso grave y tuvo que ser internado.  Martha, al igual que en su embarazo previo, acudió a todas sus consultas de atención prenatal, fue a un hospital de segundo nivel para atender su parto, amamantó a su bebé y siguió todas las indicaciones que su médico le dio. Sin embargo, lo que su médico nunca le dijo es que era importante realizarse la prueba de detección de VIH durante el embarazo para garantizar un adecuado estado de salud y en caso de vivir con VIH prevenir la transmisión a su bebé.
 
A lo largo de más de 30 años de la epidemia de VIH en México se han registrado 3 mil 697 casos de VIH y sida por transmisión perinatal, es decir, que sucedieron en algún momento del embarazo, el parto o la lactancia.
 
Mientras desde el 2015 algunos países del mundo han empezado a eliminar la transmisión perinatal del VIH, en México desde el 2015 se han registrado 174 casos de bebés que nacieron con VIH o sida. La existencia de estos casos es un reflejo de las fallas de coordinación que existen entre las redes de servicios de salud.
 
De acuerdo con el Registro Nacional de Casos de sida, sólo durante el 2016 se registraron 92 casos de transmisión vertical, 85 por ciento en la Secretaría de Salud. Este hecho resulta preocupante, sobre todo tomando en cuenta que nuestro país cuenta con los lineamientos técnicos más actualizados para la prevención de la transmisión perinatal. Éstos incluyen la oferta de la prueba al 100 por ciento de mujeres embarazadas, el acceso a los medicamentos antirretrovirales durante el embarazo, la cesárea electiva, así como la posibilidad de parto vaginal para las mujeres con VIH con el virus controlado (carga viral menor a 1,000 copias), y la sustitución de la lactancia materna para las mujeres con VIH.
 
Dentro de los documentos de política pública el gobierno ha manifestado el compromiso con la prevención de la transmisión perinatal del VIH, haciendo de este tema uno de los objetivos estratégicos del Programa Sectorial de Salud vigente. La oferta de la prueba de VIH a las mujeres embarazadas ha sido la única acción institucional de prevención del VIH en las mujeres y es justo esta acción el eslabón más débil en la cadena de prevención perinatal.
 
Así lo demuestra la baja cobertura de aplicación de la prueba a las mujeres embarazadas pues de los 2 millones de embarazadas que existen cada año, sólo 67.5 por ciento se hizo la prueba de VIH, lo cual quiere decir que casi 700,000 mujeres perdieron la oportunidad de saber que viven con VIH y prevenir la transmisión a su bebé.
 
Esta situación es escandalosa en un país donde 91 por ciento de las mujeres asiste al control prenatal, 88 por ciento de los nacimientos son atendidos por personal médico y donde el gobierno presume haber alcanzado el “acceso universal” a los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento de VIH (DGIS, 2010; Gobierno de la República, 2005; Saavedra y Bravo, 2006).
 
Las políticas y los servicios de VIH y de salud reproductiva en México están estructural, funcional y financieramente separados. Cada tema se encuentra en el territorio de una dependencia que se hace cargo normativamente; el tema de VIH corresponde al Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y sida, (Censida), mientras que la salud reproductiva, que incluye la salud materna y perinatal, está a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGySR), ambos dependientes de la Secretaría de Salud Federal (Ss). La prevención de la transmisión vertical del VIH se encuentra en medio de esta división y son las mujeres embarazadas con VIH quienes enfrentan las consecuencias de la falta de coordinación entre ambas instituciones.
 
Como ya se comentaba el eslabón más débil en la cadena es la oferta de la prueba diagnóstica de VIH durante el embarazo, la cual corresponde a los servicios de primer y segundo nivel encargados de la atención prenatal como lo señala la Norma Oficial Mexicana para la atención del embarazo. La omisión de la oferta de la prueba durante el embarazo trae como consecuencias la mortalidad y morbilidad en las mujeres, sus hijas e hijos, además de graves consecuencias emocionales y económicas para las mujeres que sobreviven (Kendall, 2014).
 
La baja percepción de riesgo de VIH en las mujeres, por ellas mismas y por parte del personal de salud; así como problemas estructurales y de organización institucional no han favorecido la oferta de detección oportuna del VIH a toda mujer embarazada y la oferta de servicios de calidad e integrales, tanto en la atención del embarazo y el parto, como en otros aspectos estratégicos de la salud de las mujeres, incluyendo la salud reproductiva.
 
Sabemos que el sistema de salud mexicano está fragmentado y que presenta retos importantes para garantizar la calidad de la atención y el derecho a la salud de todas las personas. Por ello es necesario fortalecer la coordinación institucional del Censida y el CNEGSR y asegurar que ambos centros están destinando todos los recursos necesarios para asegurar el acceso de todas las mujeres embarazadas a los insumos y recursos necesarios para garantizar su derecho a la salud.
 
Como le sucedió a Martha, las mujeres embarazadas están acudiendo a servicios de salud que no cuentan con los insumos necesarios, ni personal capacitado para ofertar la prueba de VIH a las mujeres y garantizar su derecho a la salud. Nuestro sistema de salud sigue considerando que la atención al VIH no es un asunto que compete a todos los servicios de salud, sólo a servicios satélite que atienden a las personas con VIH, lo cual termina siendo un problema no sólo para la prevención sino para la atención integral de las mujeres con VIH.
 
*Coordinadora Programa Mujeres, Derechos Sexuales y VIH,
Balance A.C.
 
**Balance es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/GGP
 

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