Dividido en dos grupos, el personal del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) enfrentará este 31 de agosto el entallamiento de una huelga emplazada a partir de las 10.00 horas, por la firma de un contrato colectivo de trabajo.
La huelga es convocada por el Sindicato de Trabajadores de Casas Comerciales, Oficinas, Expendios, Similares y Conexos (STRACC), en representación de las y los trabajadores que desde hace más de cuatro años decidieron organizarse para reivindicar sus derechos laborales.
«Muchas de nosotras hemos sido despedidas y otras más amenazadas. Sin embargo, hemos demostrado ante las instancias judiciales que tenemos la razón, aún contra la consigna con la que actúan las autoridades laborales del Distrito Federal», afirmó Julia Escalante de Haro, una de las trabajadoras despedidas.
Por su parte, el llamado grupo de Prestadoras de Servicios Profesionales, que mantiene un vínculo laboral con el Inmujeres, se manifestó en contra de la huelga y desconoció al sindicato que promueve el paro de actividades.
En un comunicado sin firma, 169 prestadoras de servicios profesionales del Inmujeres-DF desconocieron como representantes de sus intereses al sindicato, y advirtieron que cualquier actividad de dicho organismo dentro del instituto es ilegítima.
«Debido a que este sindicato no nos representa, le exigimos el desistimiento a la huelga programada para el miércoles 31 de agosto de 2005 a las 10:00 horas», señalaron, y explicaron que el grupo ha elegido, de manera democrática, una mesa de representantes que funciona de manera congruente con los objetivos de la institución.
El conflicto se remonta al 2002, cuando las trabajadoras del organismo contratadas por honorarios decidieron organizarse como sección dentro del STRACC e iniciar la lucha por regularizar su situación laboral en noviembre de ese año.
La primera respuesta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) fue declararse incompetente y turnar el caso al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que también se declaró incompetente y lo turnó al Poder Judicial de la Federación, el cual resolvió que por tratarse de un organismo descentralizado el conocimiento del caso es materia de la JLCA.
El 8 de mayo de 2003, la JLCA notificó a la representación legal la viabilidad del emplazamiento a huelga por la firma del Contrato Colectivo de Trabajo. El 2 de junio se emplazó a huelga, y la JLCA notificó a la institución y fijó fechas de audiencia de conciliación.
Tras varias audiencias, las y los trabajadores buscaron vías de diálogo con otras instancias del GDF, por las cuales fueron enterados de que, aun cuando el organismo reconocía la irregularidad imperante, se negaba a normalizar la situación laboral por cuestiones financieras en el propio gobierno capitalino.
05/LG/YT
