El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advirtió hoy sobre riesgos de estancamiento en los derechos fundamentales de la población y lamentó el retraso con que el gobierno federal intervino para resolver el feminicidio en Ciudad Juárez.
En un reporte emitido este día, cuando el presidente Vicente Fox Quesada cumple el mandato de presentar su Tercer Informe de Gobierno, el Prodh aseguró que el gobierno foxista sólo actuó tras dos años de presión de grupos civiles y ante la persistencia de los asesinatos de mujeres en esa localidad.
«Tuvieron que pasar más de dos años de permanente incidencia de asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez y de una tenaz movilización de grupos sociales de defensa de derechos humanos para que el gobierno federal se decidiera a intervenir directamente», recapitula el balance a tres años del cambio.
El Prodh criticó también la militarización de las fronteras mexicanas bajo el pretexto de la protección contra el terrorismo, así como la asignación de miembros del ejército en tareas que corresponden a autoridades civiles como la Policía Federal Preventiva (PFP).
Tampoco se han garantizado los derechos sociales y económicos de la población, particularmente de los pueblos indígenas, inconformes con la Ley Indígena aprobada por el Congreso y el Ejecutivo en el 2001.
En todo lo anterior el Prodh denota que Fox «ha mantenido una tendencia esquizofrénica sobre los derechos humanos que se refleja en la discordancia que existe entre sus acciones en el terreno del discurso y la práctica,» al advertir «serios riesgos de estancamiento y peor de agravamiento en el acceso a los derechos fundamentales.»
La publicitada apertura de la administración foxista no es suficiente para avizorar una perspectiva esperanzadora en el terreno que trabaja el Prodh, por lo que el balance concluye con una petición al Ejecutivo mexicano para que «aminore la distancia entre los discursos y los hechos.»
2003/MR/MEL
