«La regamos, pero ni modo»; ésa es la respuesta en que se puede traducir la postura que han asumido las autoridades del municipio de Sinaloa de Leyva ante los abusos y la violación a los derechos humanos de Hilda Nereyda, que culminaron con la muerte de sus dos bebés.
Hilda Nereyda, agente de crucero, tenía un embarazo gemelar. A los tres meses de embarazo comenzó a tener presión alta, ansiedad, pies hinchados, y solicitó en repetidas ocasiones su cambio. El coordinador de tránsito no solucionó su problema, por lo que tuvo que ir a otras instancias. Finalmente, la pusieron a atender el radio y la cambiaron al turno nocturno. Diariamente, de 11 de la noche a 7 de la mañana, se encontraba en una oficina que contaba sólo con una incómoda silla.
Un día que llegó tarde 5 minutos se le castigó trabajando tres horas adicionales. Las dificultades siguieron, la presión se le subía continuamente pues a cada rato la mandaban a trabajar de nuevo en crucero, donde no tenía oportunidad de tomar agua o sentarse: «por no poder moverme de mi lugar por temor a una boleta de arresto».
Un día Hilda Nereyda no llegó a la formación «porque andaba en el ISSSTE» y finalmente le ordenaron la boleta de arresto. El Coordinador de Tránsito Francisco Camacho Sepúlveda le dijo «que era muy grillera, que aunque fuera con el presidente no me iba a ayudar, que me iba enviar nuevamente a crucero».
Ya con cinco meses de embarazo la enviaron nuevamente a crucero y sólo unos días más tarde, el 28 de junio, tuvo que ser llevada de urgencia a la Clínica Hospital del ISSSTE en los Mochis, donde estuvo hospitalizada durante seis días, ya que presentaba síntomas de preclamsia.
Hilda Nereyda regresó de urgencia a los dos días y tuvo un parto prematuro. Sus dos bebés, de 800 y 750 gramos cada una, presentaron una «evidente inmadurez orgánica extrema», de acuerdo con el reporte médico, y murieron a los dos días de nacidas.
En su denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) Hilda Nereyda declaró que las veces que acudió con estos tres funcionarios a exponerles sus problemas de salud recibió un trato despótico.
En el expediente de la CEDH consta una serie de declaraciones de once compañeros de trabajo de Hilda Nereyda, quienes ratificaron los malos tratos, el arresto y las injusticias cometidas contra su persona y la de sus bebes en gestación. Además, los reportes médicos señalan que Nereyda presentaba un estado de estrés y ansiedad, así como retención de líquidos y probable preclamsia.
La CEDH declaró que a Hilda Nereyda Vizcarra le fueron negados sus derechos humanos como mujer trabajadora en estado de embarazo, y que habida cuenta que en el desempeño de sus funciones tenía que permanecer de pie por un periodo prolongado de tiempo y sin contar siquiera con una silla, debió asignársele un cambio de actividades, incluso sin que ella lo hubiera solicitado, sin ningún trámite y «en estricto cumplimiento a lo dispuesto por la legislación, que protege la maternidad».
Por todo lo anterior, el 26 de octubre la CEDH envió tres recomendaciones al presidente municipal Wilfredo Veliz Figueroa: el pago de una indemnización; iniciar una investigación en contra de los servidores públicos ya mencionados; hacer un pronunciamiento en contra tal situación laboral y tomar medidas para erradicar estas prácticas nocivas para la dignidad de las mujeres.
Ante la falta de respuesta, el lunes 21 de noviembre un grupo de mujeres representativas de diversos organismos, entre los que se destacan, la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado, el Consejo Estatal para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar y La Comisión Estatal de Derechos Humanos CEDDH acudieron a este municipio para saber el motivo por el cual no se había respondido el oficio III/157/05 enviado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Fueron atendidas por el Oficial Mayor, quien les mostró una copia de la respuesta enviada el día 17 del presente mes. En el documento se niega la indemnización por la falta de recursos del Ayuntamiento de Sinaloa. No obstante, el hecho de que se responda que no pueden indemnizarla porque no cuenta el Ayuntamiento con recursos implica la aceptación de la comisión del delito.
Lo sucedido con Hilda Nereyda es un ejemplo evidente de violencia institucional contra las mujeres. La violencia institucional recae principalmente en los sectores más débiles y desposeídos de la población y Nereyda es un caso ejemplar: Es pobre, no tiene estudios superiores y es mujer.
Esto a propósito del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres y de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia a las mujeres, que arrancó el pasado 25 de noviembre en varios países del orbe.
05/MA/YT
