Los asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, acompañados de fabricación de culpables bajo tortura, son hechos que no han cesado, sino que se han extendido a la Ciudad de Chihuahua, aseguraron hoy integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
En rueda de prensa, destacaron que las acciones del Programa Integral de Seguridad Pública, presentado ayer martes por el gobierno federal para abatir la violencia hacia las mujeres en Ciudad Juárez, deben definir las responsabilidades de cada nivel de gobierno e instancias de las mismas.
De ello, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda indicó que el programa se basa en tres líneas principales: la procuración de justicia, el desarrollo social y la defensa de los derechos humanos de las mujeres.
La directora de la CMDPDH, Sylvia Aguilera, consideró que hasta ahora la autoridad estatal, lejos de cumplir con la obligación de proporcionar seguridad a la población, particularmente a las mujeres, se preocupa de cuidar la imagen del gobierno estatal y culpa a la sociedad civil organizada de su incompetencia.
Dijo que sumado a los casos de desapariciones y asesinatos, se fabrican culpables bajo tortura, «hechos que no han cesado en la entidad, sino por el contrario se han extendido a la ciudad de Chihuahua, por lo tanto dichas acciones deben extenderse a esa localidad», dijo.
Es por ello, reiteró, que es de suma urgencia que el gobierno federal de a conocer las acciones especificas de cómo prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.
En tanto, la directora del área jurídica de la CMDPDH, Adriana Carmona, denunció que las imputaciones de las autoridades estatales, han llegado hasta el punto de acusar a integrantes de organizaciones no gubernamentales, de lucrar políticamente con los asesinatos y a otras de obtener dinero de familiares de las víctimas.
Existe, una campaña permanente de desprestigio en contra de las dirigentes y organizaciones sociales desde hace años. «Hay un clima de impunidad en la entidad, sumada a la negligencia, complicidad e incapacidad de las autoridades estatales en el esclarecimiento de los crímenes».
Recordó que integrantes de organizaciones de la entidad han denunciado que este ataque se da en un ambiente de extrema violencia hacia las mujeres, que las coloca en una situación vulnerable de grave riesgo.
2003/RGL/MEL
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