Organizaciones de mujeres que viven con el VIH y de trabajadoras sexuales exigieron al director general del Centro Nacional para la Prevención y el control del Sida (Censida), Jorge Saavedra, tomar acciones para detener la epidemia entre la población femenina antes de que la proporción de mujeres infectadas con el virus iguale a los hombres.
¿Cuántas mujeres más tienen que ser infectadas en nuestro país para que seamos consideradas una prioridad?, preguntó al funcionario, la presidenta para México de la Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con Sida, Hilda Esquivel, en el panel «Mujer, Vulnerabilidad y VIH».
En el mismo encuentro, la presidenta de la Asociación Pro Apoyo a Sexoservidores (Proase), Alejandra Gil, también confrontó a Saavedra y exigió acciones que vayan más allá del examen semanal obligatorio al que son sometidos las y los trabajadores sexuales.
¿Qué se tiene que hacer para que dejen de estafarnos con pruebas de 50 ó 60 pesos semanales? Somos mujeres antes de ser trabajadoras sexuales, ya basta de etiquetarnos: que hagan pruebas a todas, las secretarias, las profesionales, las amas de casa y entonces entremos a analizar los porcentajes de quiénes están infectados y quiénes no», exigió.
Sin embargo, estos y otras preguntas sobre la suerte de los hijos de mujeres con VIH Sida y la falta de acciones y campañas efectivas de prevención para la población femenina, quedaron el aire, porque el funcionario se retiró de la mesa de debate apenas terminaron las presentaciones, argumentando que tenía otro acto programado.
En entrevista con Cimacnoticias, Hilda Esquivel aseguró que el principal problema es que la poca disponibilidad de recursos para afrontar el crecimiento del Sida entre las mujeres, pues se privilegia la asignación de recursos a otros grupos, como ocurrió este año, con el sector de hombres que tienen sexo con otros hombres y el de quienes usan drogas inyectables.
«No es que no sean importantes, son sectores que requieren acciones, pero ¿cuánto vamos a esperar las mujeres para que se reconozca la gravedad del problema?, el gobierno sabe dónde estamos, pero no hay una disposición de trabajar con nosotros, no nos incluyen en los planes y programas de prevención», explicó.
Las trabajadoras sexuales, por su parte, cuestionaron que las acciones oficiales de prevención en su grupo se limiten a la distribución de condones y la aplicación de pruebas obligatorias de Sida, que contravienen toda la normatividad vigente.
«Te dicen que si no te haces la prueba no puedes trabajar, pero cuando se detecta el virus en una sexotrabajadora, hasta ahí llega la prevención; con eso, la obligan a irse a trabajar a otra zona. Eso no puede ser, y (las autoridades) ni siquiera se atreven a responder», dijo Alejandra Gil en referencia a la precipitada salida de la reunión de Saavedra.
Antes de los reclamos, el funcionario había tratado de justificar el hecho de que los recursos para prevención del Sida se destinen principalmente a la compra de medicamentos, y que se haya privilegiado a dos grupos considerados de alto riesgo, en la asignación de presupuestos: los hombres que tienen sexo con hombres y los usuarios de drogas inyectables.
Saavedra aseguró que la prioridad era evitar que siguieran perdiéndose vidas, lo cual se garantizó con la compra de medicamentos, y sobre la asignación del presupuesto, sostuvo que no se hizo con la intención de discriminar a las mujeres, a las que se refirió como «una mayoría discriminada que requiere acciones concentradas en varios aspectos».
2005/LG/SJ
