Las Comisión Especial de Seguimiento a los Feminicidios en la Cámara de Diputados y del Senado, exigieron hoy al Ejecutivo Federal cumplir con los compromisos adquiridos ante el Congreso de la Unión hace dos años.
En rueda de prensa diputadas y senadoras recordaron que el Ejecutivo Federal se comprometió, el 1 de septiembre de 2003, a establecer políticas oportunas y eficaces para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres en el país, y particularmente en Ciudad Juárez, así como esclarecer todos los casos.
Exhortaron además a las autoridades de Chihuahua a esclarecer los homicidios de las dos niñas asesinadas esta semana en Ciudad Juárez, así como el de Adriana González Gutiérrez, ocurrido este jueves.
La presidenta de la comisión especial contra el feminicidio, Marcela Lagarde, cuestionó la eficacia de las medidas adoptadas para prevenir la violencia en contra de las mujeres, y sostuvo que los mecanismos aplicados hasta ahora han sido insuficientes y que es necesario reconocer «que estamos ante una violencia brutal contra las mujeres que abarca todas las edades y todas las condiciones».
Por ello, anunció que se solicitará de inmediato la comparecencia del secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, responsable de un programa de 40 acciones para prevenir la violencia feminicida en Ciudad Juárez, para que responda «sobre el porqué de la ineficiencia de los mecanismos para evitar la violencia contra las mujeres».
Las legisladoras anunciaron además que propondrán, el próximo martes, un punto de acuerdo de obvia y urgente resolución ante la Comisión Permanente para demandar a las autoridades de Chihuahua una investigación seria, rápida y eficiente de los homicidios de las niñas Airis Estrella Pando Enríquez y Anahí Orozco Lorenzo, de siete y diez años de edad, respectivamente.
El punto de acuerdo demanda, además, la búsqueda y presentación con vida de la maestra Edith Aranda Longoria, de 22 años de edad, desaparecida desde el 3 de mayo.
Ante el temor fundado de la fabricación de culpables en las investigaciones, las legisladoras exhortan también al Consejo de la Judicatura, para que inicie una investigación sobre la actuación de los jueces que no han garantizado el cabal cumplimiento de la ley, al permitir que se acuse a inocentes, recordó la diputada Marcela Lagarde, presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios.
Las diputadas Beatriz Mojica Morga, Sofía Castro Ríos y Lilia Aragón, también integrantes de la Comisión Especial, expresaron su indignación por los homicidios de las niñas Airis Estrella Enríquez Pando y Anahí Orozco Lorenzo.
Las legisladoras manifestaron su preocupación por el hecho de que esté disminuyendo el rango de edad de las víctimas de la violencia feminicida en Chihuahua, donde sólo de enero a mayo de este se han registrado 26 asesinatos de mujeres, 22 de ellos en Ciudad Juárez y cuatro niñas.
Cuestionaron también el desempeño de algunas de las autoridades responsables de las investigaciones, como la fiscal especial Cony Velarde, quien se negó a levantar una averiguación previa por el delito que resultara (secuestro o privación ilegal de la libertad) en el caso de la menor Airis Estrella Pando y sólo elaboró un reporte de desaparición.
La funcionaria desestimó, añadió Lagarde, por considerar que no eran jurídicamente válidos, los testimonios de dos niños que observaron cuando un hombre robusto ofrecía a la menor desde su automóvil una muñeca y cuando la pequeña se acercó la subió al auto y se la llevó.
Lagarde informó también que las integrantes de las Comisión Especiales de la Cámara de Diputados y del Senado viajarán la próxima semana a Chihuahua para entrevistarse con el gobernador del Estado y los funcionarios responsables de las investigaciones, para exigirles el cumplimiento de sus funciones y conocer las acciones con las que van enfrentar los feminicidios.
«No se están aplicando las medidas necesarias para prevenir la violencia contra las mujeres, ya es hora de hacer un alto, evaluar las acciones y detectar lo que nos hace falta», afirmó la legisladora.
2005/LG/SJ
