El destino trágico de Erica Córdoba comenzó a escribirse el 26 de julio de 2002, cuando tres policías la violaron en la comisaría 1ª del centro de Rosario. Desde entonces, intentó suicidarse cuatro veces. Murió ayer, a los 18 años, en el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, de la provincia de Santa Fé, como consecuencia del impacto de una bala calibre 22 en su cabeza.
«No tenemos ningún elemento para pensar que fue un homicidio; sabemos que Balística le hizo pruebas cuando estaba internada, pero aún no tenemos los resultados. No existe ningún elemento de lucha ni de abuso sexual», explicó la médica forense Alicia Cadierno, quien consideró: «Es muy probable que haya sido un suicidio por la trayectoria de la bala», misma que ingresó por la sien derecha, de acuerdo con la agencia Red Informativa de Mujeres Argentinas (RIMA).
El balazo no fue en su casa, sino a pocos metros, en otra de las precarias viviendas del barrio donde vivía su novio, un joven integrante de la banda Los Garompas con todo un historial de delitos y detenciones. Dos de sus hermanos están presos y él tiene en su haber un homicidio.
El domingo a la noche, ella fue a la casa del chico, del que estaba separándose. Dicen que él se la llevó en medio de una discusión, no saben si a la fuerza. Alrededor de las diez de la noche, los padres del joven avisaron que Erica estaba internada con una herida de bala en la cabeza. Desde entonces, desaparecieron de la casa donde viven. En ese contexto, que hayan huido es sólo un dato de supervivencia ante la cercanía policial.
En la tarde de ayer, las palabras se ahogaban en el llanto desconsolado de la mamá, Mónica, los tres tíos y la hermana menor de Erica. Mónica fue quien impulsó la denuncia de la violación policial, en septiembre de 2002, cuando Erica se atrevió a contarle lo que había ocurrido en la comisaría la primera vez que fue sola a bailar al centro.
La joven –entonces de 16 años– fue detenida de manera irregular con un amigo; estuvo horas en la comisaría sin que se registrara su ingreso, y luego fue obligada a ir a una habitación donde la violaron tres efectivos policiales. Antes de dejarla ir, la amenazaron de muerte para que no hablara.
Aterrada, la chica guardó silencio durante dos meses, pero no pudo soportarlo más cuando encontró a dos de los violadores por la calle, quienes le gritaron «fiestera». Llegó a su casa y le contó lo ocurrido a su mamá. Erica no quería hacer la denuncia para no afrontar la vergüenza de que se supiera lo ocurrido. Pero su madre insistió y fueron a a la Comisaría de la Mujer. Comenzaron un largo proceso judicial que incluyó la denuncia de encubrimiento policial.
Cuando el caso se hizo público, el 26 de septiembre de 2002, la policía y el Ministerio de Gobierno de la provincia comenzaron a moverse para esclarecerlo. Durante la instrucción judicial, el grito desgarrador de la joven cuando vio a los violadores en las ruedas de reconocimiento convenció al juez de la veracidad de su relato.
En julio pasado, el juez de sentencia Antonio Ramos condenó a 14 años de prisión al oficial ayudante Juan Manuel Morales y el cabo Ariel Marcelo Canelo, por extorsión en grado de tentativa, privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual doblemente agravado por el número de personas y su calidad de miembros de las fuerzas policiales en ejercicio de sus funciones.
Al oficial subayudante Fabián Patricio Ibarra lo condenó a doce años de prisión, porque no participó de la extorsión. La sentencia de Ramos también establecía un resarcimiento económico de 200 mil pesos para la víctima, el cual llegará tarde.
Desde que hicieron la denuncia, Erica sufría crisis cíclicas de depresión. La violación le había causado un estrés postraumático diagnosticado por la psicóloga forense María Laura Luciani, quien la examinó en el marco de la causa. «La víctima presenta estrés postraumático producido por los sucesos vividos», dice el informe de la profesional, consignado en la sentencia. También concluye que Erica necesitaba un tratamiento psicológico.
El desamparo fue la única respuesta del Estado después de la violencia que sufrió. Aunque ayer a la tarde los organismos de derechos humanos evaluaban la posible responsabilidad policial en el caso, un abogado que estuvo cerca del proceso consideró improbable la hipótesis.
«La mató la policía, pero hace tres años, cuando la violaron en la comisaría. Desde entonces no hubo ningún tratamiento psicológico que pudiera sostenerse. El entorno de Erica era muy vulnerable», consideró el profesional.
La casa de Erica está dos cuadras por afuera de la avenida que rodea a la ciudad. La vivienda de la familia Córdoba (integrada por Mónica y sus dos hijas, Erica y una hermana más pequeña) está en el confín de Rosario, casi sobre la autopista Rosario-Buenos Aires.
En el barrio Las Flores Sur conviven viviendas precarias. El denominador común es la exclusión social, la falta de trabajo y la gran cantidad de jóvenes que viven de actividades ilegales; como el novio de Erica, integrante de la banda Los Garompas que, en rivalidad con Los Monos, se disputan el manejo del barrio.
Aunque Erica había tratado de suicidarse varias veces después de la triple violación, en el último tiempo la familia la veía bien. Les cuesta creer que se haya matado, pero también reconocen que nunca pudo reponerse de lo ocurrido.
En la pequeña casa de la joven muerta, la hermana menor llora a los gritos, sin consuelo. Mónica también llora, pero en silencio. La acompaña su hermano, con una mano sobre el hombro. Con la otra hace un elocuente gesto para manifestar que no es prudente ingresar en la casa.
Ahora, la habitación donde Erica calló lo ocurrido durante dos meses, por temor, está vacía. La misma habitación donde los últimos tres años revivió como ramalazos lo ocurrido, sin contar con recursos para superarlo.
05/YT
