El gobierno de Vicente Fox es cómplice de la violencia a las mujeres en tanto que los agentes de Estado se coluden para garantizar la impunidad como en los casos de más de 300 feminicidios en Ciudad Juárez, las violaciones a mujeres indígenas por militares, los abusos cometidos por religiosos o el de Paulina, a quien negaron el derecho a abortar.
Tal es la conclusión del análisis «Rostros de la impunidad: informe sobre casos de violencia sexual y de género por servidores públicos, líderes religiosos y otros», elaborado por la Red Nacional Contra la Violencia hacia las Mujeres y Hombres Jóvenes, donde se documenta el seguimiento de siete casos paradigmáticos de violencia hacia las mujeres en México, todos impunes hasta una década más tarde.
Dada la discriminación, el maltrato físico, emocional y psicológico al que se enfrentan las mujeres al momento de denunciar una agresión física ante los agentes del ministerio público, esta Red se dio a la tarea de analizar el estado actual de los procesos y las fallas por parte de las autoridades para hacer justicia a las víctimas y a sus familias.
La investigación realizada por el Comité de Seguimiento y Canalización de Casos de la Red fue presentada hoy en el marco de la segunda Feria del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, en el zócalo capitalino.
«Los servidores públicos, lejos de procurar la justicia, la entorpecen con sus prejuicios humillantes y despectivos hacia las agredidas», señaló María de la Luz Mendoza, coordinadora del área de jóvenes de Católicas por el Derecho a Decidir al presentar este estudio en la víspera del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres.
La publicación también consigna los casos de las mujeres violadas en Tláhuac y de las 19 jóvenes violadas por policías en el sur de la ciudad de México entre 1989 y 1993, así como el caso de la adolescente Yessica Yadira en la ciudad de Durango, quien se quitó la vida en 1997 luego de que las autoridades se negaron a hallar a los hombres que la violaron.
La Red llama tanto al gobierno federal para que respete los pactos y acuerdos firmados para proteger a las mujeres, como a los académicos para que realicen estudios a profundidad y que éstos sirvan de base para otras investigaciones.
También urge a la sociedad civil a no ser copartícipe en la reproducción de la violencia y discriminación hacia las mujeres y terminar con la pasividad que la ha caracterizado, así como para denunciar e integrarse a las redes que trabajan sobre este tema.
La Red Nacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres y Hombres Jóvenes está integrada por Católicas por el Derecho a Decidir, la Asociación para las Personas Víctimas de Agresión Sexual (Adivac), Mujer Arte, las comisiones de Derechos Humanos nacional y del Distrito Federal y el Consejo de Población del Distrito Federal, entre otras instancias.
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