Gobierno debe proteger a niñas, niños y mujeres migrantes de Centroamérica

Organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno mexicano para presentar acciones a favor de la población migrante proveniente de Centroamérica que cruza por el país para llegar a Estados Unidos (EU), sobre todo a madres, niñas y niños.
 
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres Migrantes (Imumi), 20 mil mujeres transitan esta frontera sur cada año y el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que uno de cada 12 migrantes en tránsito por México, es menor de 18 años.
 
Hasta el momento, tras las órdenes ejecutivas del presidente de EU, Donald Trump, el Gobierno mexicano tiene registrados 250 mil casos inmediatos de posibles deportaciones, como informaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Enrique Peña, tras su reunión del pasado 31 de enero.
 
Conago y Peña acordaron brindar defensa jurídica a los mexicanos y mexicanas que viven en el país vecino y podría ser deportados.  
 
Sin embargo, agrupaciones civiles como el Imumi y el Colectivo Migrantes Para las Américas (COMPA) consideraron en un comunicado que la protección debe ir más allá de la población exterior y las estrategias deben incluir la protección de las personas migrantes que cruzan la frontera sur.
 
Se les debe otorgar asilo y servicios básicos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por los sistemas interamericanos y universales de Derechos Humanos (DH), señalan las organizaciones.
 
SITUACIÓN ACTUAL
 
Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que entre 2015 y 2016, autoridades mexicanas detuvieron alrededor de 400 mil personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), la mayoría eran menores de edad, adolescentes y personas con salud precaria.
 
De estas, sólo el 0.5 por ciento tuvo la posibilidad de contar con protección en México y no fueron deportadas a su país de origen.
 
Ante este contexto, las organizaciones refirieron que el Estado mexicano debe promover alternativas de detención, contar con programas de asilo que respeten los derechos a la libertad personal y garantice la identificación y reconocimiento de las personas refugiadas.
 
También, pidieron invertir en la infraestructura y capacidad de la Comisión para la Ayuda a los Refugiados (COMAR) y las organizaciones y sociedad civil que realizan apoyo humanitario.
 
ALIANZA CON PAÍSES DE CENTROAMÉRICA
 
El 27 de enero Trump anunció la suspensión del programa de refugiados en EU por 120 días, lo que orilló a que en diversas partes del mundo los gobiernos se pronunciaran como receptores de personas migrantes. Sin embargo, las agrupaciones señalaron que México no ha dado una postura al respecto.
 
“México tiene que incluirse en el debate internacional contra la discriminación hacia la población migrante y refugiada” y para esto, señalaron, es urgente configurar acciones concretas y tener un presupuesto asignado para las poblaciones que le conciernen en la región.
 
Esto llevaría –de acuerdo con las organizaciones- a que el gobierno articule relaciones sólidas con los países vecinos de la región sur, encaminadas a la implementación de programas regionales, que a su vez den abordar temas estructurales que originan la migración, como  los altos niveles de violencia, la falta de empleo y oportunidades de crecimiento.
 
RECIBIR A CONNACIONALES DEPORTADOS
 
Las agrupaciones resaltaron que la defensa jurídica no deberá ser la única medida que debería brindar las autoridades a los y las connacionales deportados.
 
En este sentido, los gobiernos locales deberán asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad, sobre todo a las madres quienes sus hijos e hijas nacieron en EU.
 
Será fundamental, sostienen las organizaciones, realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios médicos.
 
Para lograrlo “será imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados”, concluyeron.
 
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