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Gobiernos deben garantizar los derechos de jornaleros

Por la Redacción

Luego de que Congreso de la Unión aprobó reformas a la Ley del Seguro Social en materia de Trabajadores Eventuales del Campo, que da seguridad social a las y los jornaleros, organizaciones política solicitaron que los gobiernos de los estados signen acuerdos que garanticen los derechos sociales de las y los trabajadores.

El Frente Campesino de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, organización política llamó a los gobernadores de los estados expulsores de jornaleras y jornaleros agrícolas, a construir acuerdos y pactos institucionales con las entidades donde se emplea esta fuerza de trabajo, preferentemente indígena, que permitan su contratación y traslado en condiciones dignas.

El vicepresidente de Alternativa Socialdemócrata y Campesina, Ignacio Irys Salomón, apuntó que «esta reforma es un avance en la lucha por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y hombres jornaleros agrícolas, sobre todo, para los indígenas que sólo ofertan su mano de obra».

Irys Salomón destacó que la reforma es un progreso importante, pero se puede perfeccionar más adelante si las modificaciones recientes son vistas sólo como un primer paso.

Por esto mismo, sostiene que los gobernadores de estados como Oaxaca y Veracruz, entre otros expulsores de trabajadores indígenas en tareas agrícolas, deben negociar con los gobernantes de Baja California, Sonora, Baja California Sur, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Puebla, Chiapas, Tabasco, Coahuila y Tamaulipas, para que garanticen la aplicación de sus derechos constitucionales al trabajo y prestaciones sociales.

Consideró necesario que los congresos legislativos estatales a promover, elaborar y legislar en el mismo sentido de las recientes reformas para iniciar el proceso de un pacto social y solidario entre las instituciones del Estado mexicano, en relación con los trabajadores en el campo.

Cabe señalar que en la actualidad existen alrededor de cinco millones de mexicanos que trabajan como jornaleros agrícolas, principalmente, en los grandes centros agropecuarios del noroeste del país

Estos trabajadores, esencialmente indígenas, por su misma condición social, son severamente explotados. Trabajan hasta 16 horas diarias, viven hacinados en barracas insalubres, no tienen contacto con el exterior debido a que son vigilados por guardias de fuertemente armados, todavía les controlan los productos de su alimentación mediante tiendas de raya, además de la constante muerte de niños recién nacidos o menores de edad por infecciones.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), existen 88 mil patrones agrícolas y poco menos del 10 por ciento cumple con las obligaciones a que son convocados.

2005/LM/SJ

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