La violencia sexual contra las niñas es un problema grave que reclama atención de manera interinstitucional y cuya meta principal debe ser la atención de las pequeñas que han sido agredidas y evitar que estos delitos permanezcan impunes, afirmaron hoy expertos.
Así lo señalaron representantes de organismos civiles y funcionarias, quienes coinciden en la importancia de poner la agresión sexual infantil en la discusión, ya que sucede con mucha frecuencia en nuestro medio, la mayoría de las veces sin respuesta de las autoridades y en el silencio de la familia, lo que genera impunidad para los delincuentes.
La coordinadora del Grupo MUGER, Rosario Villalobos Rueda, consideró necesario que en Oaxaca exista una instancia responsable de atender a las niñas que han sido víctimas de la violencia sexual, pero sobre todo a las cuales se les ha negado su derecho al aborto, la mayoría de las veces por negligencia de funcionarios o ignorancia de sus padres.
Añadió que esta problemática debe ser atendida por el Estado a través de mecanismos que no sólo les brinden asistencia jurídica y sicológica, sino también económica, en especial a aquellas niñas que fueron obligadas a tener a sus hijos producto de relaciones sexuales forzadas, muchas veces antes de cumplir los 15 años de vida.
Villalobos Rueda, explicó que la agrupación que coordina ha atendido en menos de seis meses varios casos de violencia sexual en contra de menores, de los cuales en dos ocasiones las niñas de 10 y 14 años han quedado embarazadas y tienen a sus hijos porque nadie sabe qué hacer.
Coincidió con la Procuradora para la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia, Ileana Hernández Gómez, al señalar que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho al aborto asistido, para evitar que estas niñas arriesguen su vida al momento del parto o trunquen su desarrollo.
La coordinadora de MUGER explicó que este tipo de violencia es una aberración del género humano y una muestra de la importancia de la educación sexual que evitaría tanto daño a las niñas, educación que está en manos del Estado de manera parcial y con el velo de la doble moral, lo que tergiversa la realidad.
UNA HISTORIA DE TANTAS
Mary cumplirá 10 años este mes de agosto, entre sus brazos sostiene un niño de carne y hueso de casi cuatro meses. Le sonríe y juega con él.
Hace algunos meses su madre le pidió que fuera al mercado de su pueblo, una ciudad de la mixteca oaxaqueña, donde la pobreza es lo único que los distingue. En el camino un hombre de playera negra la subió violentamente a una camioneta, ahí abuso de la niña.
Los meses que siguieron fueron de terribles pesadillas, de un intento de suicidio, de largos silencios, de agresión hacia los que la rodean, de llanto, mucho llanto, sin entender lo que había pasado y ni siquiera imaginar lo que vendría después.
La niña, atemorizada y asustada por las múltiples amenazas de su violador ocultó los hechos. Cinco meses después los dolores de vientre, un médico de la localidad asegura que «algo le cayó mal», que tome una pastilla de paracetamol y bicarbonato.
Algunos días después en la clínica del IMSS Solidaridad, ahí otro médico habla con la madre y le dice que la niña está embarazada. De una clínica es llevada a otra, mientras el pequeño vientre toma forma de mujer.
En abril pasado, Mary de apenas nueve años experimentó el dolor de parto.
Hoy pregunta, cómo va a mantener al niño, si podrá seguir yendo a la escuela porque sus compañeros ya se enteraron y algunos se burlan de ella, su familia cercana acusa a su padrastro de ser el culpable y vive de manera permanente con la zozobra de que su violador cumpla con matar a su madre y a sus hermanitos, o le haga daño de nuevo a ella o a otras niñas de su pueblo.
MEDICOS OBLIGADOS A NOTIFICAR
En contraparte, la jefa del Departamento de Salud Reproductiva de los Servicios de Salud en el Estado de Oaxaca, Rosa Lilia García Kavanagh, explicó que la dependencia tiene conocimiento de muy pocos casos de maternidad en menores de 12 años, aunque reconoció que el embarazo adolescente oscila entre el 18 y 19 por ciento del total de partos cada año.
Sostuvo que de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 190, el personal médico está obligado a notificar los casos de violencia, tal es el hecho de un embarazo por violación en menores de edad, el problema es el conflicto personal en que entran quienes están en contacto con la víctima, muchas veces por la negativa de la familia.
García Kavanagh reconoció que este es un problema de sensibilización, información y capacitación y anunció que en breve se iniciará un programa con personal médico, luego de que en Juxtlahuaca y Huajuapan no habría notificado a las autoridades el caso de una niña de ocho años embarazada producto de una violación.
Desconozco en realidad si se notificó el caso a las autoridades judiciales –añadió la entrevistada- quien aseguró que la menor fue atendida por personal del IMSS Solidaridad de Huajuapan y Juxtlahuaca y no por personal de las clínicas de los Servicios Coordinados de Salud en Oaxaca.
Por último, la procuradora del Menor, la Mujer y la Familia aclaró que es una obligación legal y no moral la de los médicos de hacer las denuncias correspondientes ante los Ministerios Públicos en caso de que detecten que se cometió un delito.
Señaló que cuando la familia, los médicos y otras personas se enteran y nadie hace una denuncia podrían ser cómplices de los delincuentes, porque el silencio en este tipo de abusos es otra forma de violencia y de un nuevo delito en contra de las niñas afectadas.
2003SJ/MEL
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