Graves estragos en su salud física, mental y emocional, consecuencia de la continua guerra de intimidaciones y de un sistema de justicia corrupto en el Estado de México, enfrenta una adolescente de 13 años de edad, secuestrada y violada el 5 de febrero del año pasado.
De acuerdo con la directora de la Asociación Integral para el Desarrollo de Personas Violadas (ADIVAC), Laura Martínez Rodríguez, luego de que la adolescente decidió denunciar a sus agresores, ha sido víctima de la impunidad, dilación de justicia y violación a sus derechos humanos por parte de las autoridades que llevan el caso.
La directora de ADIVAC, que brinda atención psicológica y asesoría legal a la víctima y a su madre, dijo que temen por la vida de la adolescente pues observan una abierta corrupción en el manejo del caso, ausencia de garantías legales y deficiencias en el proceso de investigación.
En este sentido, advirtió que «no queremos otro caso como el de Yéssica Yadira, quien se suicidó en el estado de Durango en 1997 ante la guerra de intimidaciones que recibía de las autoridades judiciales del estado, así como de familiares y amigos de su agresor.
De acuerdo con Martínez Rodríguez, la violación fue perpetrada el 5 de febrero de año pasado en el Municipio de Melchor Ocampo, Estado de México, por parte de Jesús Gustavo Gutiérrez Honorato y su cómplice Diego Víquez Morales.
Este último, raptó a la adolescente, de quien se omitió el nombre por razones de seguridad, para llevarla con el agresor, Jesús Gustavo Gutiérrez, de 22 años de edad, quien la secuestró toda la noche, la narcotizó y amenazó con matarla si no accedía a sus peticiones. Al día siguiente, la volvió a agredir sexualmente.
Después de buscarla toda la noche, los padres encontraron a la menor y la madre solicitó el apoyo de tres policías quienes hallaron a la menor en graves condiciones físicas.
DILACION DE JUSTICIA
Martínez denunció que luego de estos hechos, el juzgado cuarto de lo penal en Cuautitlán de Romero Rubio, en el Estado de México, tomó el caso y a partir del 6 de febrero de 2004 los servidores públicos responsables de darle seguimiento, muestran desinterés y negligencia.
Además, la familia de la víctima también sufre las consecuencias emocionales, sociales y económicas del desinterés de las autoridades puesto que a partir del problema, el padre no pudo seguir trabajando por complicaciones de salud y la madre está a punto de perder su empleo como trabajadora doméstica.
Incluso, señaló la directora de ADIVAC, la madre ha recibido amenazas de familiares, amigos y del abogado defensor del agresor, Daniel Gorostieta de la Cruz, quien después del intento fallido de negociar con la adolescente ofreciéndole que el agresor se casaría con ella, hostiga a la familia de la víctima.
Asimismo, mencionó que en el Juzgado Cuarto de lo Penal de Cuautitlán, algunos de los funcionarios responsables de cometer omisiones o violaciones a los derechos humanos en el seguimiento del caso son la Ministerio Público, Cristina Guerrero Ramírez; la mecanógrafa, María Gómez Montoya, quienes en ocasiones conduce las audiencias; y el Juez, Álvaro Higareda Flores.
Y aunque el agresor permanece en el Reclusorio de Barrientos; en el Estado de México en calidad de indiciado, su cómplice, Diego Víquez Morales, nunca fue arrestado.
En este sentido, Martínez Rodríguez informó que la madre de la adolescente ha enviado peticiones de ayuda al Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México, Abel Villicaña Estrada; así como a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y al Gobernador Arturo Montiel Rojas.
También envió solicitudes al Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes; y al Presidente de la República, Vicente Fox Quezada; sin que hasta la fecha, haya obtenido respuesta.
De acuerdo con cifras de ADIVAC, se reconoce que sólo 10 por ciento de las víctimas de violencia sexual denuncia o pide ayuda a grupos como este.
En 2002, ADIVAC atendió a más de 4 mil 600 personas víctimas de este tipo de violencia. De ellas, sólo 72 solicitaron asesoría para iniciar un proceso legal.
2005/MP/LL/SJ
