Pareciera que ya no hay marcha atrás en el debate por la despenalización del aborto en Argentina. Y paradójicamente la Iglesia colabora para que ello suceda.
El 14 de febrero el Ministro de Salud y Medio Ambiente de la Nación, el médico Ginés González García, declaró en una entrevista al diario Página 12 su apoyo a la despenalización del aborto. Ya lo había hecho en noviembre del 2004, pero en ese momento el presidente de la República, Néstor Kirchner, enfrío el proceso al manifestar que no apoyaba la despenalización.
Esta vez fue muy diferente. No sólo nadie del Poder Ejecutivo contradijo al ministro sino que otros funcionarios apoyaron. El ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, Juan Sylvestre Begnis, se explayó sobre una postura que, sugirió, sería compartida por varios responsables de las carteras de salud de las provincias argentinas.
Sylvestre aclaró que la despenalización del aborto está basado en que éste es una patalogía creciente que afecta a muchas decenas de miles de mujeres al año, que optan por hacer este tipo de intervenciones en condiciones absolutamente alejadas de la seguridad médica, arriesgando incluso, una condena penal.
Por eso creemos que se debe discutir la despenalización. Estoy convencido de que la sociedad está en un buen momento para hacerlo, consideró el funcionario de Santa Fe, quien añadió que en casos de violación, de madres, niñas o adolescentes, es decir, de un embarazo no deseado, el aborto no se admite la menor discusión.
El ministro de Salud de Santa Fe sostuvo además que también es un embarazo no deseado aquel que se produce por ignorancia, por falta de información: también deberían contemplarse esas situaciones.
Pocos días después, el ministro de Salud de la provincia de Córdoba, Roberto Chuit, dijo que es necesario llevar adelante la discusión por la despenalización, condición para «crecer como sociedad».
Es claro que el Poder Ejecutivo en su conjunto está dando la vuelta a su estrategia. Hace un año podía dudarse sobre el platillo de la balanza que pesaría más para el gobierno (las convicciones ideológicas y las evidencias sanitarias, o el mantenimiento de los buenos vínculos con la jerarquía eclesiástica), ahora se esboza un mapa más acorde a los primeros movimientos del gobierno en el área de derechos humanos.
En enero del 2004, cuando la jueza Cármen Argibay -que acababa de ser nominada para la Corte Suprema de Justicia por el presidente Kirchner- se manifestó pro-abortista, el Secretario General de la Presidencia aclaró, ante la exhortación directa del Papa Juan Pablo II para que el gobierno argentino «custodiara el valor de la vida humana», que el Ejecutivo no estaba elaborando ningún proyecto de ley a favor de la despenalización.
En noviembre del mismo año, fue el Ministro de Salud, González García, quien manifestó por primera vez su apoyo al debate de un proyecto de ley despenalizador que beneficiaría la salud de las mujeres.
En el marco de la visita al país de la médica holandesa Rebecca Gomperts (presidenta de la organización no gubernamental Women on Waves, que recorre el mundo en un barco haciendo abortos en aguas internacionales), que generó revuelo entre los sectores eclesiásticos, las declaraciones del ministro fueron contradichas por el presidente Kirchner.
Desde el Poder Ejecutivo el silencio otorgó. Y desde el Legislativo y la sociedad civil se multiplicaron los apoyos y el entusiasmo: legisladores provinciales y nacionales, representantes de la comunidad científica, y organizaciones no gubernamentales planifican los próximos pasos para aunar esfuerzos en una puja que recién comienza.
Las reacciones de la Iglesia fueron inmediatas y furibundas al punto de desatar conflictos internacionales.
El obispo castrense, Monseñor Antonio Baseotto, acusó al ministro de Salud de apología del delito y sugirió para él una «penitencia» intolerable en la Argentina post-dictadura. Baseotto dijo que Gonzáles García merecía que «le cuelguen una piedra de molino al cuello y lo tiren al mar» por repartir preservativos entre los jóvenes.
El feroz hábito de tirar personas al mar, muertas o vivas –con anclas de peso en sus cuerpos-, fue una de las rutinas de los militares para deshacerse de los detenidos-desaparecidos. Ningún argentino, ni aún el más católico, puede tolerar semejante metáfora siniestra.
Ante ello el Ejecutivo pidió a la Santa Sede que Baseotto presente su renuncia. Baseotto recibió, inmediatamente después de haber hecho sus declaraciones, el apoyo del cardenal Renato Martino, presidente del Consejo Pontificio de Justicia y Paz con sede en Roma, que es como decir que recibió la venia del Vaticano.
2005/SCH/SJ
