México no aplica los acuerdos internacionales que firmó a favor de las mujeres, en parte porque los abogados desconocen esos tratados, aseguró ayer la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Pilar Noriega.
La abogada señaló que el artículo 133 de la constitución mexicana establece la obligatoriedad de los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, y que el criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación los ubica por encima de las leyes federales.
Pidió reflexionar sobre nuestra constitución y cómo ha sido posible que teniendo tan buenas leyes se tenga tan mala práctica en los ámbitos legal y social. Instó a conocer nuestros derechos para hacerlos valer hasta agotar todos los recursos e instancias nacionales primero, para después acudir a las internacionales.
Noriega participó ayer como ponente en el seminario «Diagnóstico sobre la prevención y atención de la violencia familiar en el Distrito Federal: legislación, instituciones y alternativas de solución», convocado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
Antes, en el mismo foro, la secretaria técnica de la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, María de la Luz Vega Aguirre, señaló que en los estados del país aún no existe un marco jurídico para aplicar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), a veinte años de que ésta entró en vigor.
Al respecto, Noriega calificó de errónea la idea de que los acuerdos internacionales se deben legislar para que tengan vigencia en el país, aunque señaló que algunas convenciones establecen la obligación de modificar leyes, como en el caso de la tortura, que cada estado parte debe tipificarla como delito.
Vega Aguirre, por su parte, dijo que aunque las mujeres tienen derecho a un procedimiento jurídico cuando son violentadas, resulta complicado que denuncien debido a la discriminación de los funcionarios, por lo que consideró urgente sensibilizar al personal judicial y asignar recursos para erradicar la violencia.
Insistió en la necesidad de legislar adecuadamente para «aterrizar» a nuestro contexto los convenios, tratados y convenciones internacionales.
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