Familiares de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez exigieron hoy el cese del hostigamiento a que son sometidas por las autoridades del estado de Chihuahua, que incluso han intervenido sus teléfonos, para intimidarlas con el fin de que cesen sus protestas.
Norma Ledesma, integrante de la organización civil de Chihuahua, Justicia para Nuestras Hijas, advirtió que el acoso de las autoridades estatales para dividir la organización civil e intimidar a cada uno de los familiares de las víctimas, es una amenaza para sus vidas y su integridad.
Al participar en la cátedra Violencia Hacia las Mujeres: Una Cuestión de Derechos Humanos, en el Centro Cultural Universitario (CUC), Ledezma, madre de Paloma, una joven de 16 años cuyo cuerpo fue encontrado en marzo del año pasado al lado de un arroyo seco en Chihuahua, señaló que a las amenazas telefónicas y la persecución de automóviles tripulados por desconocidos se suma a la intervención de sus líneas telefónicas.
«Mi voz es la voz de cientos de madres que se sienten humilladas, agredidas, amenazadas e intimidadas por las autoridades del estado de Chihuahua», informó la activista.
Condenó la protección que las autoridades dan a la escuela de computación Eco, lugar donde desapareció su hija Paloma y otras siete mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua.
La activista señaló que desde el año pasado, ante la desaparición de Paloma, un testigo le informó que a su hija la sacaron al parecer drogada por la puerta trasera de dicha escuela, por lo que solicitó una inspección ocular, misma que se efectuó este día..
No obstante, Ledezma consideró una «burla» el hecho de que después de un año de solicitar la inspección «las autoridades decidan hacerla hoy, cuando nosotras no estamos presentes».
Finalmente, informó que algunas madres de jóvenes secuestradas o desaparecidas han sido amenazadas para que dejen su activismo con el argumento de que «si siguen con eso ya no les vamos a buscar a sus hijas».
Ante esta impunidad, la abogada de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos e integrante de la campaña Alto a la Impunidad: Ni Una Muerta Más, Adriana Carmona reafirmó la exigencia al presidente Vicente Fox y a la Procuraduría General de la República, para que atraiga el caso a nivel federal a fin de que sea investigado con base a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Lo anterior pese a la negativa expresa del mandatario mexicano para llevar el caso a nivel federal el pasado ocho de marzo, Día Internacional de la Mujer.
MM/MEL
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