De manera sorprendente y con pocos días de diferencia, diputados y senadores han llevado el tema del vih/sida a la máxima tribuna de la nación con la intención de que se les otorgue una partida especial en el presupuesto del 2003, a fin de atender la salud de quienes viven con inmunodeficiencia adquirida.
El 24 de septiembre, un grupo de 75 diputados priístas encabezados por la legisladora regiomontana María Elena Chapa, presentaron un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal la asignación etiquetada en el presupuesto de egresos de la federación recursos suficientes para la atención de quienes están afectados.
El 3 de octubre el senador Elías Brizuela Moreno, del PRD, presentó en su calidad de presidente de la comisión de Salud de la cámara alta otro punto de acuerdo exhortando al gobierno federal y a la Cámara de diputados a que, dentro del presupuesto de egresos de la federación se destinara una partida especial para atender a todas las personas que viven con vih/sida en el país.
Este punto, hay que subrayarlo, recibió el apoyo de los secretarios de esa comisión de Salud (el senador priísta Miguel Ángel Navarro Quintero y el senador panista Marco Antonio Xicoténcatl), quienes respaldaron la propuesta subrayando que debe respetarse el marco de derechos humanos de quienes viven con el virus.
Es seguro, por ello, que en diciembre los legisladores acuerden una partida especial para el vih/sida. La pregunta es cuánto será y si acaso alcanzará para atender los requerimientos de la Secretaría de Salud; que extraoficialmente ha destinado una cifra de casi 400 millones de pesos para suministrar antirretrovirales a mil 500 pacientes sin seguridad social en lista de espera.
Los cuales se sumarían a los cuatro mil que ya reciben medicamentos, así como a los mil 119 exderechohabientes del IMSS que se quedaron sin la prórroga que la institución les había autorizado para no interrumpir su tratamiento.
La propuesta de los legisladores, por lo pronto, ya está hecha: dicen que se requiere una partida suficiente. Habrá que ver el papel de la Secretaría de Hacienda; tradicionalmente renuente a destinar un presupuesto con sentido social y constitucional.
El año pasado, debe decirse, los legisladores no tuvieron fuerza o quizá no quisieron negociar una partida presupuestal, a pesar de que un grupo de activistas y defensores de personas que viven con vih/sida cabildearon pidiendo una partida especial.
Ciertamente, el hecho de que ahora se hayan presentado estos puntos de acuerdo generan una expectativa que, desde la sociedad civil, debe fortalecerse.
No obstante hay que irse con cuidado. Mientras el IMSS no reincorpore a los exderechohabientes con vih/sida y en tanto las ONG no se movilicen en las sedes de ambas cámaras legislativas, el empeño de los legisladores corre el riesgo de quedar en meras intenciones.
* Colaborador de la agencia de noticias NotieSe.
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