Analizar la situación de la epidemia de VIH/Sida con perspectiva de género «desculpabiliza» o «desvictimiza» a las personas, y permite construir políticas públicas más adecuadas basadas en los derechos humanos», señala el documento Políticas Públicas y VIH/Sida, presentado en el II Foro en VIH/SIDA/ITS en América Latina y el Caribe.
En la ponencia, presentada por la ex funcionaria del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida, Patricia Uribe, actual directora del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva y Edgar Manuel Contreras, se indica, que «como consecuencia de la baja inversión en salud, los recursos asignados en VIH/Sida no son suficientes en la mayor parte de los países».
Situación que se agrava en el caso de las mujeres quienes «por su condición social desigual corren más peligro de contraer la infección. Ellas están en desventaja con respecto al acceso a la información preventiva, la capacidad de negociar encuentros sexuales sin riesgos y el acceso a tratamientos para la infección una vez contagiadas». Indica el documento GenSalud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2001.
Así, en 1999 en el artículo Prevención de Infecciones por VIH en el embarazo de Letra S, publicación especializada en diversidad sexual, se indica que en México el fenómeno del «Registro Nacional de Casos de Sida reporta un total acumulado de 51 mil 964 casos, de los cuales el 14.5 corresponde a mujeres», esto es, aproximadamente 7 mil 534 casos.
Mientras que la OPS documentaba en 2001, 150 mil adultos infectados, de los cuales 32 mil eran mujeres, es decir, 21.3 por ciento del total de mujeres en edades de uno a 49 años.
«Como consecuencia de estas inequidades, la tasa de infección por el VIH/Sida en las mujeres aumenta más rápidamente que en los hombres, en el Caribe y América Latina», según información de la OPS, que la denomina «feminización del VIH/Sida.
En este contexto, el documento de Zúñiga y González Contreras hace énfasis en la ausencia de políticas públicas en torno del problema y afirma «que la falta de presencia del tema de políticas públicas y de gestión puede considerarse relacionada con esta ausencia de compromiso que puede requerir un mayor esfuerzo en la instalación de capacidades políticas y de gestión a nivel de algunos programas».
Se remarca que la discriminación influye en el destino de los recursos, lo cual se expresa en que la mayor parte de las políticas públicas de la región excluyen a poblaciones estigmatizadas como es el caso de los homosexuales y de las sexo servidoras.
En opinión de Peter Piot, director ejecutivo del Prograna Conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH/Sida (ONUSIDA), «la crisis económica de algunos países de América Latina y El Caribe amenaza con socavar los programas de prevención y de suministro de medicamentos»
El informe indica que «el abordaje de los sistemas de salud, de la sexualidad, de los derechos sexuales y reproductivos ha tenido avances en las últimas dos décadas, particularmente como resultado de vincular los problemas de las mujeres con los del desarrollo (1980), y de los acuerdos y recomendaciones de diversas Conferencias Mundiales».
Pero, advierte que, finalmente «en la mayoría de los países existen múltiples factores que perpetúan las inequidades de género en la región y aún existen resistencias a incorporar temas relativos a la homosexualidad, promoción del uso del condón, estigma y discriminación, así como la incorporación de la perspectiva de género.
2004/BJ/GV
