El 2004 terminó con un movimiento ascendente del debate por la despenalización del aborto en Argentina, Brasil y Uruguay.
Mientras en Argentina y Brasil, las discusiones recién empiezan, Uruguay fue, el pasado año, el espejo posible en el que se miraron los demás países de la región.
Si bien allí fracasó, en abril del 2004, la sanción de la Ley de Defensa de la Salud Reproductiva, que preveía entre otras medidas la interrupción del embarazo hasta la semana de gestación número 12, en agosto del mismo año entraron en vigencia las Medidas de Protección Materna Frente al Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo.
El debate por la sanción de la ley fue arduo, comprometido y dividió a la sociedad en dos mitades tan exactas como para que su sanción no saliera por apenas tres votos en la Cámara de Senadores.
Pero antes de llegar a esa instancia, la sociedad uruguaya se había expresado en encuestas en las que más del 60 por ciento apoyaba la despenalización, y lo mismo pasaba con numerosas sociedades científicas, médicas, sociales, y de mujeres.
La ley no fue sancionada, pero en su lugar el Ministerio de Salud Pública aprobó, en agosto del 2004, las Medidas de Protección Materna Frente al Aborto Provocado en Condiciones de Riesgo, elaboradas por un grupo de especialistas del Hospital Pereira Rossell, la más importante maternidad del país.
Las Normativas –como se las llama en Uruguay- que fueron apoyadas por la Facultad de Medicina de la República, la Sociedad Ginecotocológica y el Sindicato Médico, se basan en el principio de reducción del daño con lo cual, si bien no pueden pasar por alto la normativa restrictiva existente, autorizan a los médicos a brindar información sobre las condiciones y posibilidades de realización de un aborto.
El resultado de la aplicación de las mismas fue que en el año 2004 no murió ninguna mujer como consecuencia de un aborto mal realizado en el Pereira Rossell, mientras que en la década anterior, el promedio de fallecimientos por esa causa era de entre tres y cinco casos por año.
Con la reciente victoria del Frente Amplio en las elecciones nacionales, se esperaba que la sanción de la ley se hiciera efectiva próximamente. Sin embargo, aunque no se pierden las esperanzas, muchos uruguayos quedaron defraudados al escuchar que el presidente electo Tabaré Vazquez se pronunció en contra de la despenalización, aunque dijo que apoyaría una consulta popular sobre el tema.
En Brasil, donde la legislación vigente es similar a la de Argentina -entra en la categoría de «restrictiva», ya que permite la interrupción del embarazo sólo en casos de violación o cuando esté en peligro la vida de la mujer-, el final del 2004 llegó con anuncios que movilizaron a la sociedad.
Después de que la Secretaria Especial de la Presidencia sobre Políticas de la Mujer, Nilcea Freire, manifestara la decisión del gobierno de revisar -en el marco de una comisión que se crearía en el 2005 con representantes del Ejecutivo, el Legislativo y organizaciones de la sociedad civil- la legislación vigente, sobre todo en casos específicos, como la anencefalia, otras voces sumaron críticas y apoyos.
El presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Nelson Jobim, se expresó favorable a la revisión de la ley, señalando que «con la prohibición sólo pierden las mujeres pobres que, sin dinero, utilizan métodos clandestinos poco seguros para interrumpir la gravidez».
La iniciativa también fue apoyada por la Orden de los Abogados de Brasil, y las autoridades de la Iglesia previsiblemente dejaron oír su descontento a través del presidente de la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Geraldo Majella Angelo, quien reclamó de la sociedad apoyar una cultura de vida y no de muerte.
En Argentina, al igual que en Brasil –y a diferencia de Uruguay, donde el movimiento por la despenalización surgió del seno de la sociedad civil, especialmente de médicos y mujeres-, el puntapié lo está dando el Poder Ejecutivo, aunque en ambos países las autoridades no hubieran podido avanzar sino fuera por el campo fértil sembrado por las mujeres durante años de reivindicaciones y reclamos.
En noviembre del 2004, el Ministro de Salud, Ginés González García, se declaró a favor de la despenalización, ya que mejoraría los tratamientos y reduciría la mortalidad materna.
Pocos días después, el presidente Néstor Kirchner debió declarar que el gobierno no apoyaba la despenalización, una clara señal para calmar a la Iglesia, pero el debate ya estaba lanzado.
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra, también lo apoyó aunque en el caso específico de violaciones, algo ya previsto en la legislación actual que permite la interrupción justamente cuando se produce una violación, cuando está en peligro la vida o la salud de la mujer, o cuando el embarazo proviene de un «atentado al pudor hacia una mujer idiota o demente».
Las declaraciones oficiales no hicieron más que abonar un terreno en el que durante el 2004 proliferaron las encuestas en las que la población apoya mayoritariamente la despenalización –a veces en todos los casos, y otras sólo en algunos-, y acicatearon a los legisladores para reflotar diversos proyectos presentados en los últimos años tanto en ambas cámaras del Parlamento Nacional como en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
Incluso varias legisladoras de diferentes partidos políticos –desde el oficialismo, al radicalismo y la izquierda- se comprometieron a formar un interbloque que durante el 2005 presente e impulse proyectos relacionados al tema. «Este debate debe darlo el Parlamento y particularmente las mujeres, y vamos a trabajar para incluirlo en la agenda política del año próximo», dijeron.
2005/SCH/SJ
