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Nuestros impuestos para Provida

Por Ricardo Rocha

En este país, todavía miles de mujeres son víctimas de violación por parte de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, vecinos o asaltantes. Son miles también, de entre los 12 y 26 años sobre todo, que como resultado de esa violencia quedan embarazadas. Todas ellas son presas de Provida, la organización de ultraderecha que tiene ojos y oídos en el DIF, Procuradurías de Justicia de estados santificados y en clínicas de salud pública donde no faltan médicos, enfermeras o trabajadoras sociales "de buena moral" que detectan a la afectada y le hacen la caridad de conducirla a una "Clínica de Salud de la Mujer", que en realidad son clínicas antiaborto de Provida.

Con frecuencia son trasladadas con engaños y aun en estado de shock por el propio trauma de la violación y el trato humillante del Ministerio Público durante la denuncia. Luego viene el horror: un video especialmente realizado para esa tortura, les arroja en la cara la brutalidad de un aborto de un feto de 6 meses al cual comienzan cortándole la cabeza para después destrozarlo por completo. Por supuesto, se trata de un aborto bárbaro, de los que ya no se practican en ninguna parte (hoy, los abortos son por aspiración a un embrión sin forma humana antes de los 90 días de gestación). Luego, las buenas conciencias proceden a un verdadero lavado de cerebro –igual que en aquel inolvidable caso de Paulina en Mexicali, Baja California- para convencer a la joven de que esta a punto de cometer el asesinato de un ser vivo y de que se trata además de un terrible pecado mortal que se la llevará derecho al infierno. En otras palabras, se anteponen los derechos del nonato al derecho humano y jurídico a decidir, de una mujer libre y además víctima de la violencia. Los "especialistas" de Provida pisotean también la legalidad, porque como se sabe, en todos los estados de la república las mujeres tienen el derecho a abortar durante los tres primeros meses de gestación en casos de abuso sexual y violación y cuando su salud y su vida corran peligro. Se viola así también la CEDAW –Convención para la Eliminación de todas las Formas de Violencia hacia las Mujeres, por sus siglas en inglés- que como convenio internacional es Ley sobre la ley y establece que toda mujer tiene derechos a defender en caso de haber sido víctima de violencia sexual. Lo peor de todo es que en esas clínicas se induce a las adolescentes a que tengan su criatura a como de lugar. La solución propuesta es que en cuanto nazca la den en adopción a cambio de "un pequeño apoyo económico". Lo malo es que este proceso generalmente está fuera de la ley porque en la mayor parte del país –salvo el caso de Puebla- la ley de adopciones es muy restringida y casi imposible. Ello significa que, para efectos del derecho internacional, estas operaciones encubiertas equivalen a un acto ilícito, que es la venta de menores. Baste recordar los escandalosos y recientes casos de bebés desaparecidos en el DIF de Guadalajara. El fenómeno se repite en diversos estados del país de modo verdaderamente vergonzante.

Las regresiones oscurantistas y de ultraderecha para evitar una concepción moderna de estos asuntos, han sido rabiosas y hasta criminales. Entre otros, está documentado el caso de la respetadísima Dra. Sandra Peniche, que tiene una clínica en Mérida en la que se imparten pláticas de salud sexual y reproductiva. Ahí también y en estricto apego a la ley, se realizan abortos seguros en casos enviados por los juzgados, porque se trata de flagrantes abusos y violaciones de menores y mujeres; igual casos en los que, por testimonio médico de ley, la vida de la mujer embarazada corre peligro por situaciones de pobreza extrema y desnutrición. Pues resulta que, apenas el año pasado, una horda de fanáticos de Provida que incluía a varios norteamericanos intentó incendiar esa clínica con la intención de asesinar a la Dra. Peniche y sus colaboradores. La intervención oportuna de los bomberos y la policía evitó la barbarie. La propia Secretaría de Gobernación intervino a petición del gobierno del estado de Yucatán y expulsó a los extranjeros aplicándoles el 33.

Hay pues claras evidencias de que Provida no sólo pretende operar bajo sus preceptos moralinos y dogmas religiosos, sino además destruir a todas aquellas instituciones que defienden legítimamente los derechos humanos y civiles de las niñas y mujeres mexicanas. Consideran, como en la edad media, a las mujeres como una incubadora de hombres, cuyos derechos están muy por debajo de los inflexibles principios eclesiásticos y moraloides de Provida, que como es bien sabido siguen oponiéndose al uso de todos los métodos anticonceptivos –el condón incluido- dejando a la mujer supeditada, rebajada y sometida a que los hombres decidan sobre su cuerpo y destino. Muy al estilo de Agustín de Hipona (San Agustín, para efectos prácticos) quien luego de disfrutar del sexo, procrear hijos y tener varias mujeres a la vez, retomó la misoginia religiosa y decidió que el cuerpo de la mujer es propiedad del varón y que la mujer sólo debe tener sexo con el fin de parir a la especie de su dueño. Eso fue en el Siglo IV de nuestra era.

Esos mismos retorcidos, convenencieros y oscurísimos métodos siguen siendo aplicados por Provida y la extrema derecha al inicio del Siglo XXI y del nuevo milenio.

Pero es muy probable que a estas alturas usted se pregunte porque me ocupo de estos temas y como se corresponden con el título de esta entrega. Déjeme y le cuento que usted y yo y todos los mexicanos que pagamos impuestos estamos financiando las siniestras acciones de Provida. Y es que, según denuncian algunas de las mas serias organizaciones en defensa de la mujer, 30 millones de pesos fueron asignados desde la anterior legislatura de la Cámara de Diputados para que el grupo ultraconservador pueda construir, con el dinero de todos nosotros, 10 clínicas antiaborto. Así como lo oye.

Hace apenas unos días, tamaña aberración fue confirmada por el subsecretario de salud, Dr. Roberto Tapia en una reunión de la Comisión de Equidad y Género que preside la priísta Diva Gastelum. Y el asunto es muy grave, porque aun cuando se pudiera alegar que como agrupación civil Provida tiene derecho a solicitar fondos del gobierno, esta jamás presentó un proyecto para justificar una asignación de esa magnitud; mas bien estamos ante un proceso tan oscuro y tortuoso como aquellos pasadizos secretos entre monasterios y conventos donde tantos pequeños cuerpos quedaron emparedados.

Desde hace casi tres meses, denuncié en estas páginas el intento de arrancar recursos a tareas tan ejemplares como la Red Nacional de Refugios para mujeres golpeadas a fin de desviarlos a Provida, que finalmente se evitó gracias a los esfuerzos cuasi heroicos de luchadoras sociales y funcionarias como Blanca Rico, Directora del Programa Mujer y Salud. El 11 de Agosto pasado escribí aquí: "Se sabe que el diputado panista Luis Pazos (que encabezaba la Comisión de Hacienda y ahora es director de Banobras) intentó desviar esos recursos para las nuevas y denominadas Clínicas de Salud de la Mujer, promovidas nada menos que por Jorge Serrano Limón, de la celebérrima Provida. Estos centros, al igual que en el DIF, están trabajando con la tesis de mantener unida a la familia a como de lugar. Y en los casos de mujeres violentadas y sus maridos golpeadores, con el dogma aquel de que "es la cruz con la que te tocó cargar".

Pero lo mas indignante de todo esto, es que estos millonarios recursos le fueron robados a programas de combate a VIH-Sida, que en este país son de extrema urgencia.

Por todo ello, está claro que la sociedad mexicana merece una explicación de porqué con nuestros impuestos estamos contribuyendo con Provida con un monto equivalente a tres millones de dólares y cual fue el proceso de asignación de esos cuantiosísimos fondos.

La Secretaría de Salud y el Sr. Director de Banobras, nos deben a todos una explicación.

Estamos esperando.

* Editorial publicada el día de hoy, lunes 3 de Noviembre de 2003 en el periódico El Universal. Reproducción autorizada por el autor.

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