La escasez de candidatas para la próxima legislatura del Uruguay confirma que, si todo sigue igual, las uruguayas tendrán que esperar 75 años para alcanzar la equidad, según el cálculo de la historiadora feminista Graciela Saprizza. Esto podría revertirse si se contara con voluntad política para ello, como lo ha hecho Argentina.
La posición de las candidatas al Parlamento en las listas de los partidos políticos que competirán el 31 de octubre por Montevideo, muestra que son excepcionales las que llevan a una mujer como primera titular: cinco para mayor precisión. En el interior del país también son escasas las listas con liderazgo femenino.
El panorama es mucho más desalentador cuando se analizan las probabilidades que tienen las candidatas de ocupar efectivamente una banca en la próxima legislatura.
En el marco del proyecto «Seguimiento electoral desde una perspectiva de género», que se desarrolla en convenio entre el Instituto de Ciencias Políticas de la Universidad de la República y la Comisión Nacional de Seguimiento Mujeres por Democracia, Ciudadanía y Equidad, la investigadora Niki Johnson detecta una tendencia a la baja de la representación femenina en el próximo Parlamento.
En tal sentido, concluye que es posible que se mantenga la actual tasa en el Senado (tres representantes), pero podría disminuir el número de diputadas de las actuales doce a nueve o hasta siete.
Según Johnson, la opción de máxima sería de 12 y la mínima de 9 legisladoras. Para Diputados, por el Encuentro Progresista-Frente Amplio-Nueva Mayoría (EP/FA/NM) las que tienen reales posibilidades de reelección son Daisy Tournée (Partido Socialista), Margarita Percovich (Vertiente Artiguista), Lucía Topolansky y Nora Castro (Movimiento de Participación Popular). Tiene chances la reelección de Silvana Charlone (PS) y de nueva incorporación Mónica Travieso (MPP) por San José.
De acuerdo con los cálculos no esperan resultados muy significativos, a partir de la observación de que en los lugares más expectables la mayoría de los suplentes son hombres, aún cuando las titulares sean mujeres.
Para avanzar hacia la equidad en materia de participación política bastaría con empezar adoptando acciones afirmativas, como el establecimiento de cuotas para las mujeres en lugares de decisión; ya lo han hecho muchos países en el mundo y la mayoría de los del Mercosur.
Ello sin descuidar el frente interno de los partidos políticos, a quienes cabe una gran responsabilidad en índices de representación que harían pensar a cualquier ser que aterrizara en estas tierras que la población femenina tiene apenas un peso testimonial, pese a que en realidad constituye el 52 por ciento del total.
En el Mercosur, el único país que no cuenta con ley de cuotas es Uruguay. Brasil y Paraguay reservan a las mujeres el 20 y el 30 por ciento, respectivamente, de las candidaturas a cargos electorales, y Argentina –donde mejor funciona el mecanismo de discriminación positiva– es también del 30 por ciento, actualmente superado por la propia dinámica que generó la aplicación de una ley nacional con sucesivos ajustes reglamentarios.
En Uruguay, el proyecto de Ley de Participación Política, que establecía el 30 por ciento de las candidaturas a cargos electorales para la representación femenina, fue convertida en Diputados en una mera declaración de buenos propósitos, y en el Senado no alcanzó a discutirse.
Otro intento para avanzar en el camino de la equidad fue el de la nacionalista Cristina Maeso, única precandidata a la presidencia que compitió en las elecciones internas, quien comprometió por escrito y bajo firma a todos los precandidatos a colocar la mayor cantidad de mujeres en sus listas.
Por último, y conscientes de que para las elecciones del 31 de octubre se había perdido la batalla respecto del Parlamento, feministas y militantes de izquierda lanzaron la Iniciativa 50/50, que apunta al Poder Ejecutivo y no requiere ley alguna para su implementación: ni más ni menos que voluntad política.
Cualesquiera sean los resultados de las elecciones que definirán quienes guiarán los destinos del país durante los próximos cinco años, en marzo de 2005 será el momento de verificar si realmente la dirigencia política uruguaya está interesada en corregir el grave desbalance existente en materia de representatividad de género en lugares de poder.
El martes pasado en la explanada municipal legisladoras, directoras municipales y sindicalistas, entre otras, respondieron a la convocatoria de la Unidad de Derechos de las Ciudadanas del EP/FA/NM acto en el que la consigna fue «Cambiemos el Uruguay. De las mujeres también depende. Vení, vos también hacés falta».
2004/IV/LR
