En el campo de la salud sexual y reproductiva, las organizaciones no gubernamentales mexicanas han estado vinculadas, principalmente a los movimientos feministas, a los programas de salud comunitaria, y a políticas de población, entre otras actividades, aseguró la presidenta de Afluentes, Gabriela Rodríguez.
Explicó que en la última década, estos movimientos, a los que consideró progresistas, encuentran una plataforma común en torno a los derechos sexuales y reproductivos, que permitió ubicar el debate en la lucha por la justicia social y responder a la necesidad de incidir en las políticas públicas.
En su trabajo La participación de las ONG y organizaciones comunitarias en la salud reproductiva, señaló que un largo camino han tenido que recorrer para ser escuchadas en los debates internacionales y locales donde se deciden las políticas públicas.
La maestra en Antropología Social, señaló que al término del siglo, se puede afirmar que las ONG se han ganado el lugar de actores políticos, clave y sujetos de interlocución con los gobiernos. Han sido quienes llevan la voz de la sociedad civil a las mesas donde se deciden los planes mundiales y los programas de desarrollo.
Afluentes es un grupo de investigadoras, técnicas y activistas que fundaron esta organización para promover la salud sexual y reproductiva. Buscan vincular los hallazgos de los investigadores y las experiencias de las organizaciones civiles con las instituciones públicas, para aterrizar experiencias en los medios de comunicación, así como en los programas de población, de salud reproductiva y de educación sexual.
En su análisis, editado en la publicación Salud reproductiva: temas y debates, del Instituto Nacional de Salud Pública, refirió que en la práctica las ONG han impulsado conceptos de salud sexual y reproductiva con el fin de proponer una visión amplia e integral.
Rodríguez, señaló que la educación laica ha garantizado la separación de la Iglesia y el Estado en nuestro país, sin embargo, es un hecho que la cultura cristiana del sometimiento y la renuncia a la buena vida sigue infiltrada en las políticas públicas.
Resaltó que el significado más trascendente de la laicidad ha sido la legitimación constitucional de las libertades religiosas y, sobre todo, de la unidad del Estado nacional con base en la soberanía popular.
Para la presidenta de Afluentes, consolidarnos como Estados nacionales ha sido apenas el comienzo en la carrera por generalizar la calidad de vida, cuyo compromiso exige colocar al Estado al servicio de la ciudadanía, y no a la inversa, como lo propician las políticas económicas mundiales, que vienen subrayando los índices de desigualdad social.
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