Las mujeres latinoamericanas de izquierda y feministas debemos realizar acciones más efectivas para erradicar el oprobio de violencia y muerte para continuar en la construcción de nuestros derechos humanos, afirmó hoy la diputada federal, Marcela Lagarde y de los Ríos.
En el marco de la Primera Reunión Regional de América Latina y el Caribe de la Internacional Socialista de Mujeres (ISM), propuso a las delegadas de partidos políticos presentes de la región, signar un gran pacto político entre «nosotras por la vida y la libertad de las mujeres».
La presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana de la Cámara de Diputados, propuso realizar una campaña latinoamericana frente a la violencia de género contra las mujeres y el feminicidio.
La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo es necesario impulsar una legislación sobre violencia integral contra las mujeres y sobre el feminicidio como delito de lesa humanidad, y la incorporación de los derechos humanos en textos jurídicos, en particular, los derechos de las mujeres, así como de la sanción penal de los delitos de lesa humanidad.
Otra de sus propuestas es promover la atención y el apoyo institucional a las mujeres víctimas de violencia por instituciones y personas profesionales capacitadas en la perspectiva de género, es decir, policías, ministerios públicos, jueces, personal de salud integral y psicológica, entre otras.
Explicó que el término «femicidio» es parte del bagaje teórico feminista de las autoras Diana Russell y Jill Radford que ella trasladó al castellano como Feminicidio que abarca el conjunto de delitos de lesa humanidad que contienen los crímenes, los secuestros y las desapariciones de niñas y mujeres en un cuadro de colapso intitucional.
Se trata, dijo, de una fractura del Estado de Derecho que favorece la impunidad. El feminicidio es un crimen de Estado. Es preciso aclarar que hay feminicidio en condiciones de guerra y de paz.
Además, reveló la antropóloga, el feminicidio se conforma por el ambiente ideológico y social de machismo y misoginia, de «violencia normalizada» contra las mujeres, por ausencias legales y de políticas de gobierno lo que genera una convivencia insegura para la población femenina.
Contribuyen al feminicidio el silencio social, la desatención, la idea de que hay problemas más urgentes y la vergüenza y el enojo que no conminan a transformar las cosas sino a disminuir el hecho y demostrar que no son tantas «las muertas».
En Chihuahua, ha habido dos gobernadores de partidos políticos diferentes (Acción Nacional y Revolucionario Institucional), siete procuradores estatales y los crímenes continúan, resaltó.
Hace un año, dijo la legisladora, el presidente de la República se pronunció por primera vez y nombró a una Comisionada Especial y el procurador general de la República nombró a una Fiscal Especial.
Del análisis de sólo 50 casos la fiscal concluyó que 81 funcionarios locales cometieron faltas administrativas o delitos en los procesos, sin embargo aún no han sido presentados ante la ley y por el contrario, algunos han sido nombrados en cargos públicos.
Así, el derecho a la vida de las mujeres es expropiado cuando no sólo se resuelve cada crimen ni la desaparición de centenares de mujeres, sino que, además de Juárez, Chihuahua y otras ciudades de esa entidad, hay focos rojos que hacen suponer que el feminicidio se presenta también en Sonora, Jalisco, Guanajuato, Coahuila, Distrito Federal y estado de México.
2004/RGL/LR
