A cuatro años de la violación de la menor Paulina, a quien autoridades en Baja California negaron el recurso del aborto legal, el gobierno continúa incumpliendo la recomendación de la Procuraduría de Derechos Humanos de la entidad, ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) investiga la violación de los derechos humanos de la indígena.
El 31 de julio de 1999 en Mexicali, Baja California, Paulina del Carmen Ramírez Jacinto, de 13 años de edad, fue violada en su hogar por dos delincuentes, uno de ellos Julio César Cedeño, hoy preso.
Desde ese momento la vida de Paulina cambió no sólo por convertirse en una víctima de la delincuencia sino de la injusticia y del conservadurismo.
La historia y el vía crucis de Paulina inició cuando junto con su madre, María Elena Jacinto, acudieron a los servicios de salud en Mexicali para solicitar la interrupción del embarazo por violación permitido por la legislación no sólo estatal sino a nivel nacional.
Tal petición no sólo fue negada, –incluso por el Ministerio Público–, sino que movilizó a las fuerzas del conservadurismo para impedir a la menor indígena abortar, violentando sus derechos sexuales y reproductivos.
Integrantes del grupo Provida, el director del Hospital General de Mexicali, Isamel Avila Iñiguez e incluso el otrora procurador de justicia del estado, Manuel Salazar Pimentel, se vieron involucrados en este caso a tal grado que la menor no sólo recibió la consejería de un sacerdote sino que fue presionada e intimidada para obligarla a renunciar a la idea de abortar.
Al conocer los hechos, la organización Alaíde Foppa intervino en el caso y la actual subprocuradora de Derechos Humanos en Baja California, Socorro Maya asumió la defensa de la menor.
Cuatro años han pasado, cuatro años de obstáculos, de ataques, de negación de justicia que han llevado al ámbito internacional este caso en torno al cual la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado emitió una recomendación 2/2000.
La recomendación pide indemnización, la creación de un fideicomiso hasta la mayoría de edad de Paulina y su hijo Isaac, procedimiento administrativo y/o penal para los implicados en el caso, liquidación de gastos hospitalarios en que incurrió la familia de Paulina, y el establecimiento de cursos en diversos centros hospitalarios del sistema y en el MP, , hasta ahora sin cumplimentar.
En el largo proceso, se logró encarcelar a uno de los violadores de la menor, no así a las autoridades que anteponiendo sus creencias religiosas incumplieron con la obligación de sus cargos.
En el camino muchas fueron las artimañas del entonces gobierno panista de Alejandro González Alcocer para deslindarse de su responsabilidad, que se tradujeron en ataques a la menor, a su familia y las organizaciones defensoras de sus derechos humanos.
La intervención de organizaciones de mujeres a nivel nacional como el Grupo en Reproducción Información en Reproducción Elegida (Gire) y en el ámbito internacional el Centro Legal para Derechos Reproductivos y Políticas Públicas (CRLP) no se hicieron esperar, estos mismos grupos llevaron el caso Paulina a la CIDH, tras agotar todos los recursos en el ámbito nacional en la búsqueda de justicia.
«Con este caso queremos asegurar que se haga justicia a Paulina cuyos derechos han sido gravemente violentados así como exigir al gobierno mexicano que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, aún cuando sean contrarias a la moral católica» diría en su oportunidad la subdirectora del programa Internacional del CRLP, Katherine Martínez.
Hoy las organizaciones de mujeres circulan una carta que harán llegar a la CIDH en defensa del caso Paulina y de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas.
Esta triste historia que traspasó las fronteras del país, despertó el interés de la escritora y luchadora social Elena Poniatowska quien al presentar su libro «Las mil y una…(la herida de Paulina)» en el año 2000, diría: «Lo que duele más del caso Paulina, es el abuso y engaño para impedir a una niña practicar un aborto producto de una violación, tan sólo por su condición de pobreza».
2003/SM/MEL
