Aún persisten el hostigamiento y las amenazas contra defensores de derechos humanos, denunció ayer la primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Pilar Noriega, antes de comparecer ante la Fiscalía Especial encargada de resolver el caso de Digna Ochoa y Placido.
Noriega manifestó que la solución a las amenazas que enfrentan quienes se dedican a defender los derechos humanos no es tener escolta las 24 horas del día. «La mejor defensa es una averiguación adecuada para que no queden impunes el homicidio de Digna Ochoa y ninguna amenaza».
La comparencia de Noriega ante la fiscal Margarita Guerra fue privada y no tuvo acceso ningún medio de comunicación.
Desde un inicio, la primera visitadora de la CDHDF sostuvo que la muerte de la abogada veracruzana era el inicio de una campaña en contra de personas de organizaciones defensoras de los derechos humanos en el país.
Me preocupa, consideró antes comparecer, que hasta la fecha incluso hayan seguido el hostigamiento y las amenazas a defensores de derechos humanos. Por lo tanto, el resultado de esta investigación va a ser definitiva para saber si efectivamente hay justicia.
De no ser así, afirmó, casos como el de Ochoa y Placido no se resolverán y quedarán en la impunidad.
Pilar Noriega fue una de las primeras en vincular la muerte de Ochoa y Placido con el caso de los ecologistas detenidos en el estado de Guerrero.
La abogada Digna Ochoa y Plácido fue encontrada muerta el 19 de octubre de 2001 en su despacho de la colonia Roma, en la ciudad de México, con dos disparos de arma de fuego, después de recibir una serie de amenazas anónimas.
Como parte de su trabajo en el jesuita Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la ex religiosa tuvo a su cargo, entre otros casos, la defensa de indígenas chiapanecos y guerrerenses acusados de guerrilleros y que fueron torturados o ejecutados por militares.
Inicialmente el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Bernardo Bátiz, declaró que Ochoa fue asesinada, e incluso calificó el caso como un crimen político. Poco después, el segundo fiscal especial para el caso sostuvo que la defensora de derechos humanos se suicidó.
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