Amnistía Internacional pidió hoy la investigación a funcionarios públicos de México por omisión culposa y hostigamiento a defensores y familiares de las mujeres asesinadas en la localidad de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La impunidad para las fallecidas y falta de seguridad para las jóvenes que habitan en Ciudad Juárez fue el tema que Amnistía Internacional (AI) resaltó sobre México al presentar su informe anual titulado El Pasado Dice Cosas que Interesan al Futuro.
Tras una investigación exhaustiva en relación a cerca de 300 asesinadas y medio centenar de desaparecidas, según datos de la sociedad civil, Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano cumpla la recomendación 44/98 del ombudsman nacional en la cual se piden mejores condiciones para las mujeres juarenses.
Guadalupe Rivas, directora de la sección mexicana de AI, anunció la próxima presentación de un informe, elaborado por el equipo de investigación para México, sobre el caso de las mujeres de Ciudad Juárez, la cual ocurrirá en las próximas semanas.
En tanto Cristina Michaus, actriz ganadora del Ariel y activista por las mujeres asesinadas desde hace una década en la ciudad fronteriza, leyó en conferencia de prensa la carta dirigida al presidente mexicano, Vicente Fox, en la que a la fecha cinco mil 500 personas lo invitan a visitar Ciudad Juárez.
El texto asegura que la situación en esa ciudad, capital de la industria maquiladora en Mélxico, es un asunto de seguridad nacional. «Ciudad Juárez ya no es el laboratorio de nuestro futuro, es una realidad que ya nos alcanzó. Ciudad Juárez es una zona de desastre social nacional» sentenció Michaus.
INDÍGENAS VIOLADAS
En su apartado sobre violencia hacia las mujeres en México, el nuevo informe de la mayor organización de derechos humanos del mundo incluye también, «la violación de al menos dos mujeres indígenas por miembros del ejército en el estado de Guerrero (sur), en el curso de operaciones de contrainsurgencia.»
Estas mujeres son Inés Hernández y Valentina Rosendo, tlapanecas habitantes en la marginada zona de la Montaña de Guerrero, quienes fueron agredidas sexualmente presuntamente por el 41 Batallón en febrero y marzo del año pasado, respectivamente.
Inés Hernández denunció la agresión por lo que elementos del ejército mexicano la han hostigado, en tanto que Valentina Rosendo, recibió un revés judicial este mes cuando un Juez de Distrito le negó el amparo para que su caso salga del fuero militar hacia el fuero civil, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El ex visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); Miguel Sarre, durante la presentación hizo hincapié en que las violaciones a los derechos fundamentales de las personas en México tienen su origen en la omisión del Estado para reestructurar todo el sistema judicial y militar.
En tanto que Amnistía Internacional advierte que «en la práctica la falta de transparencia del sistema de justicia militar implica que es prácticamente imposible acceder a los expedientes». Aunque las víctimas tienen derecho a solicitarlo, se ven obligadas a visitar los cuarteles militares o enfrentar al ejército en sus comunidades.
2003/MR/MEL
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