La comunidad internacional debe reafirmar su compromiso con las recomendaciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas como marco para resolver el largo conflicto armado de Colombia, aseguró Susan Lee, directora del Programa Regional para América de Amnistía Internacional.
Previo a la Reunión sobre Cooperación Internacional que se celebrará los días 3 y 4 de febrero en Cartagena de Indias, Colombia, la funcionaria dijo que la crisis de derechos humanos y la crisis humanitaria en ese país están en un momento difícil «con la población civil en el punto de mira de todas las partes del conflicto: ejército, paramilitares y la guerrilla».
En el curso de los 40 años del conflicto colombiano, todos los grupos armados –las fuerzas de seguridad, los paramilitares apoyados por el ejército y la guerrilla– han abusado de las mujeres o las han explotado sexualmente y han tratado de controlar las esferas más íntimas de sus vidas.
Estas violaciones, cometidas tanto contra las civiles como contra las propias combatientes de los grupos armados, siguen ocultas tras un muro de silencio, alimentadas por la discriminación y la impunidad.
Las violaciones, homicidios y otras agresiones contra la población civil perpetradas en el municipio de Tame, departamento de Arauca, a principios de mayo de 2003 –cometidas al parecer por soldados que se identificaron como paramilitares–, provocaron el desplazamiento de más de 500 personas, señala AI en su página web.
También señalan como responsables de estos hechos a las fuerzas guerrilleras como responsables de casos reiterados de violencia contra las mujeres, incluida la violación, dice AI.
Lee apunta que todos los gobiernos tienen el deber de prevenir, castigar y erradicar la violencia contra las mujeres, y apunta que los grupos guerrilleros, responsables también de reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, deben asumir su responsabilidad por los actos de violencia cometidos contra las mujeres.
Aunque se ha producido un descenso en ciertos indicadores de violencia política, como los secuestros, han aumentado los casos de tortura y las «desapariciones», al igual que los informes de ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad.
A ello, se deben agregar las más de 220 mil personas se han visto obligadas a huir de su hogares el año pasado, y las fuerzas de seguridad han detenido, con frecuencia arbitrariamente, a cientos de civiles.
En 2003, añadió, la comunidad internacional adoptó la Declaración de Londres, en la que se expresaba una honda preocupación por la crisis humanitaria y de derechos humanos que atraviesa Colombia.
En esa declaración se instó al gobierno colombiano a aplicar sin demora las recomendaciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas y tomar medidas eficaces contra la impunidad, especialmente con los grupos paramilitares, sin embargo, siguen sin respuesta importantes preguntas respecto al proceso de desmovilización de los paramilitares.
Lo anterior, pese a que anunciaron un alto el fuego en 2002, se les ha considerado responsables de más de mil 900 homicidios y «desapariciones». Algunos han sido cometidos por unidades paramilitares presuntamente desmovilizadas.
Por ello, dijo Amnistía Internacional sigue documentando la existencia de fuertes vínculos entre las fuerzas de seguridad y los paramilitares.
Luego de que se carece de un marco legal adecuado para la desmovilización, al tiempo que una nueva ley de procedimiento penal amenaza con dar al Fiscal General de la Nación poderes para bloquear las investigaciones penales sobre presuntos autores de abusos contra los derechos humanos.
Esto ha suscitado el temor de que los perpetradores de abusos, sean agentes de las fuerzas de seguridad, paramilitares o guerrilleros, nunca serán puestos en manos de la justicia, apunta Susan Lee.
«Siempre hemos pedido a los gobiernos de Colombia que combatan y disuelvan a los grupos armados ilegales, pero cualquier desmovilización debe ajustarse a las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación; de lo contrario esos esfuerzos sólo servirán para reforzar la impunidad» agrega.
En Cartagena, la comunidad internacional debe enviar un enérgico mensaje de preocupación por las reiteradas veces en que el gobierno colombiano no ha aplicado las recomendaciones sobre derechos humanos y reafirmar su apoyo a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Por último, Susan Lee afirma que «el gobierno colombiano no sólo no ha cumplido con las recomendaciones de las Naciones Unidas, sino que ha intentado aplicar políticas contrarias a ellas. Por tanto, es hora de que la comunidad internacional apoye la creación de un mecanismo internacional de observación de los esfuerzos del gobierno a la hora de aplicar estas recomendaciones de una vez para siempre».
A la reunión de Cartagena de Indias, asistirán los países del grupo de donantes o G24, el gobierno colombiano, el Banco Interamericano de Desarrollo, la ONU y representantes de la sociedad colombiana, incluidas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
2005/LM/SJ
