Las reformas en materia de guarda, custodia y derechos de convivencia de los menores sujetos a patria potestad, se oponen a los principios de equidad e igualdad y atentan contra los derechos de las mujeres, aseguró hoy la directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), Luz Rosales.
En conferencia de prensa, -en la que participaron integrantes de organizaciones de la sociedad civil-, la funcionaria aseguró que las diversas disposiciones de los códigos Civil, de Procedimientos y del nuevo Código Penal del Distrito Federal, que entraron en vigor el 7 de diciembre, acentúan las desigualdades entre géneros.
En la sala de prensa del gobierno capitalino, pidió a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la modificación del decreto, en virtud de que las reformas hacen patente la discriminación y la violencia hacia las mujeres e impide construir una sociedad que posibilite el desarrollo pleno de todos sus integrantes.
Expuso que las modificaciones son preocupantes como en el caso del artículo 73 del Nuevo Código Penal que impone cárcel de uno a cinco años de prisión y 500 días de multa en caso que un menor sea retenido por quien cuenta con la patria potestad, lo que puede ser muy riesgoso en casos de violencia intrafamiliar.
Asimismo, dijo Rosales, al introducir la figura de «custodia compartida», que generalmente es solicitada por los padres violentos, esta puede ser utilizada como «instrumento para presionar y disuadir a las mujeres maltratadas de su decisión de divorciarse y también como herramienta eficaz para seguir ejerciendo el control y maltrato sobre la pareja y sus hijos.
La titular del Inmujeres-DF, consideró que esta reforma exacerba la violencia hacia las mujeres, pues en caso de no facilitar la convivencia, pueden ser sujetas de agresiones y de ir incluso a la cárcel si protegen a sus hijos, además de perder la guarda y custodia.
Propuso una revisión y análisis de los distintos referentes al derecho familiar. Además, formular iniciativas y reformas legislativas acordes con la realidad cotidiana que posibiliten la convivencia entre madres y padres con los menores, con tolerancia y respeto, dando prioridad al interés superior del menor y la integridad de la madre.
Por su parte, la directora del Centro de Apoyo a la Mujer «Margarita Magón», Rocío Corral en representación de organizaciones no gubernamentales, señaló que tal reforma pretende obligar a la convivencia con sus progenitores, aún cuando alguno de ellos haya llevado conductas que afecten su desarrollo físico y mental.
Agregó que se otorga el derecho al cónyuge demandado para compartir la custodia, aún en el caso de que en el divorcio se demande por conductas llevadas a cabo con el fin de corromper a los hijos e hijas o tolerar dicha conducta.
Además, reveló la custodia compartida se llevará a cabo aún con la causal de violencia familiar, restando todo valor a los procedimientos administrativos seguidos ante las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar y el Centro de Atención a la Violencia Familiar.
Concluyó que la reforma desde el momento de aprobación ha sido utilizada por los agresores de violencia familiar para continuar violentando a las mujeres que tienen a su cargo la guarda y custodia de sus hijas e hijos intimidándolas y amenazándolas con llevarlas a prisión por no permitirles convivir con ellos.
Algunas de las organizaciones que demandan la derogación de dicha reforma son: Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas, Católicas por el Derecho a Decidir, Asociación de Servicios Integrales por la Equidad en la Sociedad, Mujeres para el Diálogo, Red Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres y Hombres Jóvenes, Red Nacional de Género y Economía y Mujeres de Iztacalco en Acción.
2004/RGL/SM
