En Latinoamérica y el Caribe el índice de abortos en condiciones de riesgo es más alto que en cualquier otra región del mundo y gran parte de la alta de tasa de mortalidad materna (21 por ciento) se atribuye al aborto en condiciones de riesgo.
Cada año, en Latinoamérica y el Caribe se registran tres millones 700 mil abortos en condiciones de riesgo, en el Caribe 110 mil, en Centroamérica 680 mil y en Sudamérica 2 millones 900 mil, informa en un documento la organización IPAS, especializada en la defensa de los derechos reproductivos.
Las leyes de aborto son restrictivas en la mayoría de los países por lo que el 95 por ciento de las interrupciones del embarazo son ilegales.
En la región, el debate sobre el tema es muy limitado y se vive además una reducción de apoyo presupuestal por parte de la comunidad donante para programas específicos.
Otras características que se observan en los países latinos y del Caribe es la prevalencia de un clima político sumamente conservador y una marcada influencia de la iglesia católica.
De esa forma, es necesario que los gobiernos cumplan sus compromisos firmados en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en 1994 (CIPD), como garantizar la disponibilidad y accesibilidad de los servicios de aborto para todas las causales en las que ese proceso es permitido, así como la gama completa de métodos anticonceptivos modernos incluida la anticoncepción de emergencia.
Es necesario que todos los profesionales de la salud reciban capacitación así como tomar medidas adicionales para garantizar que las mujeres y la comunidad estén informadas para usar métodos anticonceptivos y servicios de aborto seguro y de atención post aborto.
También es importante resistirse a las tendencias conservadoras que restringen las leyes y políticas de aborto y anticoncepción, ya que esto provoca altas tasas de mortalidad materna a consecuencia del aborto en condiciones de riesgo o pone barreras para que las mujeres ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos.
Dentro de los compromisos firmados en la CIPD se solicitó a todos los gobiernos y a las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales pertinentes a incrementar su compromiso con la salud de la mujer como los efectos que en la salud tienen los abortos realizados en condiciones no adecuadas.
De esta forma se necesitan gestiones unidas por parte de los sistemas de salud, asociaciones de profesionales, parlamentarios, organizaciones de mujeres y todas las otras partes interesadas pertinentes para frenar el índice de abortos practicados en condiciones de riesgo.
2004/HS/LR
